La senadora y aspirante a la Presidencia Paloma Valencia Laserna radicó este 19 de marzo de 2026 una demanda de nulidad simple, junto con solicitud de suspensión provisional, contra el Decreto 234 emitido por el Ministerio del Trabajo. La acción judicial fue presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, argumentando que la norma contraviene la Constitución Política al exceder las potestades reglamentarias del Gobierno nacional y generar graves perjuicios para las micro, pequeñas y medianas empresas, al obligarlas a participar en negociaciones sindicales sectoriales que podrían implicar la entrega de secretos empresariales y el cobro de aportes a trabajadores no sindicalizados.
El Decreto 234, expedido el 6 de marzo de 2026 por el ministro de Trabajo y firmado por el ministro de Hacienda en funciones presidenciales delegadas, establece convenciones colectivas sectoriales obligatorias para todas las empresas y trabajadores de un mismo sector económico, sin importar el tamaño de las compañías. Esta medida cambia el esquema tradicional de negociaciones empresa por empresa, imponiendo un modelo sectorial que abarca, por ejemplo, a todas las panaderías o constructoras del país, lo que ha sido cuestionado por su obligatoriedad para las mipymes, la exigencia de entregar información económica sensible a los sindicatos según el artículo 2.2.2.7.4, y la posibilidad de cobrar a no sindicalizados conforme al artículo 2.2.2.7.9, basado en la Ley 50 de 1990.
Una reforma laboral por decreto que genera controversia
Esta iniciativa surge en un contexto donde una reforma laboral similar no fue aprobada por el Congreso de la República, dejando el decreto vigente hasta que el Consejo de Estado resuelva la demanda. Los cuestionamientos se centran en cómo esta norma podría asfixiar económicamente a las mipymes, muchas de las cuales operan con márgenes ajustados o incluso en quiebra, forzándolas a cumplir exigencias sindicales sin los recursos necesarios.
“El Gobierno no puede crear negociaciones sindicales por sectores obligatorias para todas las empresas, sin importar si están en quiebra o no tienen los recursos para pagar las exigencias. Esto es una sentencia de muerte para las mipymes”
Paloma Valencia Laserna, senadora
La demanda de la senadora Valencia Laserna busca frenar provisionalmente los efectos del decreto mientras se decide sobre su nulidad, en un debate que pone en el centro las tensiones entre la protección laboral y la viabilidad de las pequeñas empresas en Colombia, en medio de un panorama económico desafiante.
