La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, radicó este miércoles 29 de julio de 2026 una demanda de pérdida de investidura contra el senador electo Wadith Manzur, del Partido Conservador, ante el Consejo de Estado. La acción judicial, coadyuvada por los activistas Alejandro Palacio y Carlos Felipe Parra, argumenta que Manzur no se posesionó dentro del plazo constitucional de ocho días posteriores a la instalación del Congreso, ocurrida el 20 de julio de 2026, lo que configura la causal de pérdida de investidura establecida en el numeral 3 del artículo 183 de la Constitución y el numeral 7 del artículo 296 de la Ley 5 de 1992. La demanda busca no solo que Manzur pierda su curul, sino también que quede inhabilitado de manera permanente para cualquier cargo de elección popular.
Manzur fue elegido senador el 8 de marzo de 2026 con 134.914 votos, pero apenas tres días después, el 11 de marzo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación en su contra por el delito de cohecho impropio, relacionado con presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y ordenó su detención. Desde entonces, el congresista electo permanece recluido bajo custodia de la Policía en la Estación de Carabineros del Parque Nacional, en Bogotá. Su defensa solicitó autorización para posesionarse, incluso de manera virtual, pero la Corte Suprema lo consideró jurídicamente improcedente mediante el Oficio 1770 del 22 de julio. La Secretaría General del Senado certificó que Manzur no se posesionó el 20 de julio ni hasta el 24 de julio, incumpliendo así el plazo que iba del 21 al 28 de julio.
“Muerte política” de Manzur
“Acabamos de radicar una demanda de pérdida de investidura en contra de Wadith Manzur, lo cual implicaría no solo que pierde su curul en el Senado de la República, sino también su muerte política”, declaró la senadora Pedraza al salir del Consejo de Estado. Los demandantes sostienen que la detención de Manzur no constituye fuerza mayor, ya que, según Pedraza, “basta con que falte uno solo para que no la haya”, refiriéndose a los tres elementos que debe reunir la fuerza mayor: imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad. En su criterio, la detención era previsible, no irresistible y no le es ajena a Manzur, pues se deriva de sus propios actos. “Aspiramos a que esta demanda se convierta en un precedente”, agregó la congresista, quien busca que el Consejo de Estado establezca si una persona privada de la libertad puede conservar una curul sin cumplir el deber constitucional de posesionarse.
“Acabamos de radicar una demanda de pérdida de investidura en contra de Wadith Manzur, lo cual implicaría no solo que pierde su curul en el Senado de la República, sino también su muerte política”
Jennifer Pedraza, senadora del partido Dignidad y Compromiso
El caso de Manzur ha generado un intenso debate jurídico y político, pues mientras su defensa alega que la imposibilidad de posesionarse obedece a una fuerza mayor derivada de su detención, los demandantes insisten en que el congresista electo debió prever las consecuencias de sus actos antes de aspirar al Senado. Si el Consejo de Estado acoge la demanda, Manzur no solo perdería la curul obtenida con 134.914 votos en las elecciones del 8 de marzo, sino que quedaría inhabilitado de forma permanente para ser congresista o para cualquier otro cargo de elección popular, un escenario que, de concretarse, marcaría un hito en la jurisprudencia colombiana sobre la pérdida de investidura en contextos de privación de la libertad.
