La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se convirtió en el centro del debate presupuestal de 2027, cuando la senadora del Centro Democrático María Clara Posada cuestionó con dureza la relación entre el costo del tribunal y sus resultados judiciales. En medio de una entrevista con el programa de Semana, la congresista aseguró que cada una de las 21 sentencias emitidas hasta el momento le cuesta a los colombianos aproximadamente 180 mil millones de pesos, una cifra que consideró desproporcionada frente a la labor realizada por la entidad. “Cada sentencia no puede estar costando 180 mil millones de pesos”, afirmó la senadora, al tiempo que señaló que el tribunal ha recibido cuantiosos recursos sin que se evidencie un ejercicio real de justicia.
El cuestionamiento surge en momentos en que las comisiones económicas del Congreso discuten un posible ajuste al presupuesto de la JEP para la vigencia de 2027. La propuesta presentada por el senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, plantea trasladar 100 mil millones de pesos del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura, lo que implicaría un recorte total de hasta 185 mil millones de pesos. Frente a este panorama, el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, reaccionó con firmeza y advirtió que “bajarle 185 mil millones de pesos, si eso no es una desfinanciación, no sé qué será”. Ramelli defendió la autonomía de la jurisdicción y rechazó cualquier intento de condicionar su funcionamiento: “Nosotros no nos vamos a someter al Ejecutivo”.
Un alto costo para las víctimas
La senadora Posada no solo se refirió al número de sentencias. En sus declaraciones, también criticó la estructura derivada de los Acuerdos de Paz y la forma en que fueron aprobados, asegurando que “hay cifras cuantiosísimas que se le cargan a los colombianos para un tribunal que ha hecho absolutamente todo, menos ejercer justicia”. Según sus estimaciones, la JEP recibiría cerca de 3,8 billones de pesos en la próxima vigencia, mientras que el costo total del sistema podría llegar a los 4,5 billones de pesos, recursos que, en su concepto, no se ven reflejados en resultados concretos para las víctimas del conflicto.
Por su parte, Alejandro Ramelli advirtió que el recorte presupuestal no afectaría únicamente la operación logística del tribunal, sino también la atención a víctimas, el funcionamiento de las sedes en los territorios, los traslados para llevar a cabo diligencias y los mecanismos de protección para testigos. El presidente de la JEP, quien ya acudió a la Corte Penal Internacional para exponer la crítica situación financiera de la jurisdicción y buscar respaldo internacional, insistió en que el tribunal ha concentrado su trabajo en ocho macrocasos que requieren recursos permanentes y no pueden detenerse por decisiones administrativas.
«Los resultados en materia de justicia es lo mínimo que se le debe a los colombianos que pagan ese aparato tan costoso»
María Clara Posada, Senadora Centro Democrático
La disción sobre el presupuesto de la JEP para 2027 continuará en las próximas semanas en las comisiones económicas del Congreso, donde se definirá no solo el alcance del ajuste sino el destino de los recursos que podrían ser trasladados al Consejo Superior de la Judicatura. Mientras tanto, las posturas permanecen radicalizadas: quienes critican el costo del tribunal exigen mayores resultados en términos de sentencias, mientras que sus directivas insisten en que la verdad en el país no puede estar sujeta a recortes que comprometan los derechos de las víctimas.
