La senadora María Clara Posada Caicedo rechazó de manera contundente el requerimiento de la Defensoría del Pueblo para rectificar sus publicaciones contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, defendiendo su derecho constitucional a ejercer control político y crítica sobre una entidad financiada con recursos públicos. Mediante una carta fechada el 24 de octubre de 2026, dirigida a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y a la defensora encargada Paula Cristina Aponte Urdaneta, la congresista invocó los artículos 20, 114 y 133 de la Constitución, así como la Ley 5 de 1992, para sustentar su negativa a rectificar.
La Defensoría había solicitado la rectificación argumentando que las publicaciones de Posada difundían información falsa, fragmentos aislados de diligencias y estereotipos sexistas contra la magistrada Lemaitre. Sin embargo, la senadora sostiene que sus cuestionamientos se basan en hechos verificables y cifras concretas. Entre los datos que mencionó en su defensa, destacó que el 81,8% de los inmuebles y el 96,5% de los bienes muebles que las extintas Farc-EP se comprometieron a entregar en el marco del acuerdo de paz aún estarían pendientes, así como que la JEP habría ejecutado 201.467 millones de pesos a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La respuesta de la senadora y el llamado al debate técnico
En su misiva, Posada Caicedo fue enfática al afirmar: “No tengo que pedirle permiso para decidir qué hechos investigar, qué gastos cuestionar ni qué opiniones expresar sobre una entidad financiada con recursos públicos”. Asimismo, subrayó un principio de equilibrio institucional al declarar: “La independencia judicial merece respeto. La independencia del Congreso, también”. Con estas palabras, la legisladora buscó dejar claro que su labor de control político no puede ser limitada por solicitudes de rectificación que, a su juicio, pretenden silenciar la crítica legítima.
El origen del conflicto se remonta a una campaña de desprestigio que, según la Defensoría, fue montada contra la magistrada Julieta Lemaitre, incluyendo publicaciones de Posada y del senador Germán Rodríguez. Dichas publicaciones habrían presentado información incompleta y sexista, generando una alerta en el organismo de derechos humanos. Como contexto, la Defensoría recordó que el despacho de Lemaitre ha emitido nueve autos de imputación contra 74 comandantes de las extintas Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y que las decisiones de la JEP son susceptibles de control político, pero siempre basadas en información completa y sin ataques personales.
“No tengo que pedirle permiso para decidir qué hechos investigar, qué gastos cuestionar ni qué opiniones expresar sobre una entidad financiada con recursos públicos”.
María Clara Posada Caicedo, senadora
Posada también cuestionó el trato diferenciado entre las audiencias de exintegrantes de las Farc, que se realizan bajo reserva, y las de miembros de la fuerza pública, que son públicas y transmitidas en vivo. Además, puso en tela de juicio la anterior vinculación de la defensora Iris Marín con la JEP, aunque aclaró que ese antecedente no prueba por sí solo una falta de imparcialidad. Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo convocó al Congreso, al Gobierno, a la JEP, a las víctimas y a la sociedad en general a una discusión técnica y respetuosa sobre la justicia transicional, buscando evitar que el debate se desvíe hacia descalificaciones personales.
