La senadora Isabel Zuleta radicó este martes 26 de mayo de 2026 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, en su Dirección Seccional Bogotá, y una comunicación formal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta promoción de grupos civiles armados para contener protestas sociales tras las elecciones presidenciales. La denuncia, anunciada públicamente al día siguiente por la congresista, señala como responsables a Jorge Enrique Castillo Latorre, mayor retirado del Ejército, y a Fredy Velasco, intendente retirado de la Policía y presidente de la Agremiación Reserva Activa de Santander, quienes estarían convocando a reservistas a organizarse a nivel nacional. Zuleta también vinculó estos hechos con la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, debido a la presencia de material electoral en los videos y publicaciones que sustentan la denuncia.
En el escrito presentado ante las autoridades, la senadora sostiene que las pruebas, entre las que se incluyen videos, publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas, demuestran un plan para conformar estructuras civiles armadas con el objetivo de “contener” movilizaciones sociales durante el proceso electoral. Según la denunciante, estas convocatorias constituyen una violación directa a la Constitución, que prohíbe la creación y promoción de grupos civiles armados. La denuncia solicita a la Fiscalía investigar los delitos de concierto para delinquir agravado, promoción de grupos armados al margen de la ley, asonada, instigación a delinquir, perturbación del proceso democrático o electoral, amenazas y otras conductas punibles conexas que resulten acreditadas en el curso de la investigación.
Las pruebas y los delitos denunciados
Zuleta detalló que los elementos probatorios recopilados muestran a Castillo Latorre, quien tiene antecedentes como candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Partido Conservador, y a Velasco convocando abiertamente a reservistas para organizarse a nivel nacional con fines de control social. La senadora advirtió que, si bien la Constitución permite la organización ciudadana, no autoriza la conformación de grupos armados para la contención de protestas o la intimidación de la población. La denuncia también pide a las autoridades preservar las pruebas digitales y adoptar medidas preventivas para evitar cualquier acto de intimidación o violencia electoral en el marco de las elecciones presidenciales de 2026, contexto en el que se radicó la acción legal.
«Colombia ya conoce las consecuencias del paramilitarismo y la violencia política. La Constitución prohíbe la creación y promoción de grupos civiles armados, y no vamos a permitir que el miedo vuelva a convertirse en herramienta electoral», afirmó la senadora Isabel Zuleta en el anuncio público. En el texto de la denuncia, agregó: «Respetuosamente me permito presentar ante usted denuncia por los delitos de concierto para delinquir agravado, promoción de grupos armados al margen de la ley, asonada, instigación a delinquir, perturbación del proceso democrático o electoral, amenazas y demás conductas punibles conexas que resulten acreditadas en el curso de la investigación».
Isabel Zuleta, Senadora de la República
Las implicaciones y el llamado a la institucionalidad
La congresista subrayó que el país no puede permitir que se repitan episodios de violencia política como los vividos en décadas pasadas, y solicitó tanto a la Fiscalía como al CNE actuar con celeridad para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. La denuncia también apunta a la campaña de Abelardo de la Espriella, aunque hasta el momento el candidato no se ha pronunciado oficialmente. La acción de Zuleta se da en un clima de alta tensión electoral, y pone sobre la mesa el debate sobre el uso de estructuras paramilitares o civiles armadas como mecanismo de control social durante procesos democráticos. La Fiscalía deberá ahora determinar si abre una investigación formal y, en su caso, imputar cargos a los señalados. Mientras tanto, el país sigue atento al desarrollo de una denuncia que, según la senadora, busca evitar que el miedo vuelva a ser una herramienta electoral en Colombia.
