La senadora Andrea Padilla Villarraga remitió un oficio formal a la directora del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Paula Andrea Cepeda Rodríguez, para exigir información detallada sobre los controles de ingreso, las certificaciones sanitarias y los posibles vínculos de funcionarios con los doce perros incautados durante un operativo contra una red internacional de peleas ilegales en La Calera, Cundinamarca. El documento, enviado de manera reciente, cuestiona específicamente el Certificado de Inspección Sanitaria (CIS), el origen de los animales, su evaluación al ingresar por el Aeropuerto Internacional El Dorado y las razas involucradas, en medio de reportes que indican que estos perros de manejo especial llegaron vía vuelos internacionales pese a la prohibición de importación vigente desde 2016. Entre los capturados destaca el veterinario Carlos Alberto Cifuentes Hernández, quien figura en el registro de médicos veterinarios del ICA y podría haber intervenido en la importación irregular.
El operativo, realizado el 18 de marzo de 2026, desmanteló una estructura criminal sin precedentes en Colombia, donde trece personas fueron detenidas, incluyendo nueve extranjeros provenientes de Ecuador, Venezuela y República Dominicana. La red organizaba peleas con apuestas que oscilaban entre mil y dos mil dólares, además de una convención ilegal con entrada a 300 mil pesos. Los animales provenían de Brasil, República Dominicana y Europa, mientras que perros criollos eran utilizados como carnada; once de ellos fueron rescatados y puestos bajo custodia del Instituto de Protección Animal para evaluación y posible adopción, aunque seis presentaban lesiones graves y dos fueron hallados sin vida en condiciones precarias, sin alimento y encadenados.
Indagaciones sobre el rol del ICA y el veterinario capturado
La senadora Padilla Villarraga enfatiza la necesidad de esclarecer qué falló en los controles del ICA, especialmente ante la magnitud de la operación que atrajo participantes internacionales a Colombia, donde las peleas de perros están prohibidas desde 1989. Los imputados enfrentan cargos bajo la Ley Ángel por muerte y lesiones graves a animales, agravados por explotación económica, con penas de hasta 93 meses de prisión y multas equivalentes a 60 salarios mínimos legales vigentes.
«Solicito respetuosamente se sirva indicar si el doctor Cifuentes Hernández se encuentra efectivamente inscrito y activo en el registro de la entidad».
Andrea Padilla Villarraga, senadora
«En Colombia nunca habíamos tenido noticias de una operación criminal de esta magnitud, teniendo en cuenta que las peleas de perros están prohibidas en Colombia desde 1989».
Andrea Padilla Villarraga, senadora
La legisladora también destacó la impresionante coordinación internacional de la red y urgió a investigar el papel del ICA en este escándalo. «Impresiona la coordinación internacional, que personas se dieran cita en Colombia, viajando de otros países, y aquí hay que investigar qué pasó con el ICA», afirmó. Este caso pone en evidencia vulnerabilidades en los mecanismos de control sanitario y abre interrogantes sobre la supervisión de importaciones de animales de alto riesgo, en un contexto donde la protección animal cobra cada vez mayor relevancia en el país.
