El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal sentenció a los cabecillas de las Autodefensas Campesinas de Casanare, Héctor Germán Buitrago Parada, conocido como Martín Llanos; su hermano Nelson Orlando Buitrago Parada, alias Caballo; Josué Darío Orjuela Martínez, alias Solin; y Héctor Gregorio Hernández León, alias Pocholo, por su responsabilidad en quince homicidios agravados y dos desapariciones forzadas cometidas entre 2003 y 2004 en los municipios de Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal, en Casanare. Los líderes paramilitares aceptaron su responsabilidad jerárquica al ordenar y autorizar estos crímenes con el fin de ejercer control territorial y social, eliminando a opositores, denunciantes y presuntos colaboradores de grupos armados ilegales.
Las penas impuestas ascienden a veintiséis años y ocho meses de prisión para los hermanos Buitrago Parada y para Orjuela Martínez, mientras que Hernández León recibirá diecisiete años y once meses. Entre las víctimas se encuentran quince personas asesinadas y dos desaparecidas, incluyendo a una joven de dieciséis años. Además, se ordenó una reparación integral de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daños morales a cada una de las familias afectadas, en reconocimiento a la gravedad de los hechos asociados a las estructuras paramilitares que sembraron terror y represión en la región.
Otro caso de violaciones a los derechos humanos en Casanare
En un contexto relacionado, la Justicia Especial para la Paz imputó al teniente coronel en retiro Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, exjefe de inteligencia de la Brigada XVI del Ejército, quien enfrentará un juicio adversarial por su presunta participación en falsos positivos ocurridos entre 2005 y 2008 en Casanare, en el marco del Caso 03 de la JEP. La decisión se tomó el 26 de marzo de 2026, y si es hallado responsable, podría enfrentar hasta veinte años de prisión, aunque no ha reconocido su participación. En este proceso, la JEP imputó cargos a veintiséis militares, un agente del DAS y dos civiles, de los cuales veintisiete han aceptado su responsabilidad.
Estas sentencias recientes subrayan la persistencia de las secuelas en la población civil de Casanare, donde los crímenes de lesa humanidad dejaron un impacto profundo, y reflejan los esfuerzos del sistema judicial por garantizar justicia, reparación económica y simbólica a las víctimas de la violencia paramilitar y estatal en la región.
