La Superintendencia de Industria y Comercio anunció este martes 13 de enero de 2026, desde Bogotá, una serie de medidas de control de precios y vigilancia destinadas a garantizar los derechos de los consumidores y protegerlos ante posibles abusos derivados de la aplicación del salario mínimo vital para ese año. A través de un comunicado oficial, la entidad respondió a la discusión nacional en curso sobre la determinación del nuevo salario mínimo, ante las inquietudes de los consumidores por un potencial incremento en los costos de consumo que podría erosionar su capacidad adquisitiva.
En el marco del modelo de economía social de mercado que rige en Colombia, la Superintendencia enfatizó la necesidad de que los agentes económicos fijen las condiciones de comercialización de bienes y servicios con un sentido lógico y racional. La legislación vigente prohíbe explícitamente prácticas como la fijación de precios inequitativos o excesivos, el actuar coordinado entre agentes económicos y la influencia indebida que puedan ejercer asociaciones o agremiaciones sobre la libre determinación de dichas condiciones.
Vigilancia intensificada contra abusos
La SIC se mantendrá en alerta para evaluar las distintas denuncias y quejas que surjan en este contexto, intensificando su vigilancia para evitar cualquier tipo de abuso relacionado con el ajuste salarial. Estas acciones buscan preservar el equilibrio en el mercado y proteger el bolsillo de los ciudadanos en un momento clave para la economía nacional.
«Garantizar los derechos de las y los consumidores y protegerlos ante eventuales abusos que se presenten en el marco de la aplicación del salario mínimo vital.»
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
«Con un sentido lógico y racional en la fijación de las condiciones de comercialización de sus bienes y servicios.»
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
De esta manera, la Superintendencia de Industria y Comercio reafirma su compromiso con la defensa de los consumidores, invitando a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad que detecten en precios o prácticas comerciales, en aras de mantener la competencia leal y justa en el país.
