La Superintendencia de Industria y Comercio, liderada por la superintendente Cielo Rusinque, ha enviado requerimientos de información a cinco empresas en Colombia, entre ellas Panamericana, Supertiendas y Droguerías Olímpica, Nalsani, Whirlpool y Continente, solicitando detalles sobre sus prácticas de fijación de precios, uso de algoritmos, márgenes de ganancia, criterios de descuento e impacto de la tasa de cambio en productos importados. Esta acción, iniciada recientemente a partir de denuncias ciudadanas, quejas formales y monitoreos internos de la entidad, genera profunda preocupación en el sector empresarial, que la interpreta como un posible control de precios encubierto, con planes de extender las indagaciones a más de 50 compañías en los próximos días.
El contexto de estas supervisiones se enmarca en el reciente incremento del salario mínimo, calificado por algunos como desbordado para el presente año, y proyecciones de inflación al alza por parte del Banco de la República, que elevó su estimación al 6,4% para el cierre del año desde un anterior 4,6%, junto con un aumento superior al 23% previsto para el salario mínimo en 2026. La SIC justifica estas solicitudes como parte de su rol de vigilancia ante posibles infracciones en el mercado, aunque los gremios empresariales advierten sobre un exceso de competencias que podría vulnerar la autonomía de las compañías y la seguridad jurídica.
Alertas desde los gremios por riesgos a la inversión
El Consejo Gremial Nacional, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y Fenalco han elevado la voz contra estas medidas. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, afirmó que “controlar márgenes, fórmulas o algoritmos no es supervisión, es una forma indirecta de control de precios”. Su entidad también denunció que “la exigencia generalizada de información sujeta a reserva comercial, como los criterios de fijación de precios y márgenes de utilidad, resulta inconstitucional y afecta la seguridad jurídica, la estabilidad de los mercados y la confianza inversionista”.
“Solicitar información sobre la estructura de costos, el margen de ganancia o, incluso, elementos de política comercial de una empresa, excede las facultades de la Superintendencia cuando dicha indagación no resulta ni pertinente ni conducente para el ejercicio de sus facultades legales”.
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi)
“Quieren convertir a la SIC en una Superintendencia de Precios. Las amenazas del Gobierno de castigar a las empresas no son la manera de reparar el inmenso daño que le ha hecho al país el ajuste desbordado del salario mínimo para el presente año”.
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco
Otros pronunciamientos provienen de AmCham Colombia, cuya presidenta María Claudia Lacouture, y del exdirector de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quienes han cuestionado el alcance de estas indagaciones. Por su parte, el Gobierno niega cualquier intención de fijar precios y enfatiza el carácter vigilante de las acciones.
Respuesta oficial: transparencia y vigilancia
Frente a las críticas, la superintendente Cielo Rusinque defendió la medida al indicar que “vigilamos si existen comportamientos que violen el régimen para poder actuar en consecuencia”. En similar tono, el presidente Gustavo Petro restó importancia a las preocupaciones empresariales al afirmar que “no hay que tener nervios porque se sepa con transparencia la estructura de formación de precios”. Estas posiciones contrastan con las alertas gremiales, en un momento de tensiones económicas donde la supervisión regulatoria choca con la defensa de la libertad empresarial en Colombia.
