La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló cargos a siete compradores de arroz por presuntos pagos por debajo del precio mínimo regulado del arroz paddy verde, en las primeras actuaciones de este tipo desde la entrada en vigor del régimen de libertad regulada. La entidad, liderada por la superintendente Cielo Rusinque, investiga compras realizadas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2025 en cinco zonas productivas del país: Zona Centro, Zona Llanos, Zona Bajo Cauca, Zona Norte – Cesar y Zona Norte – La Guajira.
La investigación se originó a partir de visitas de inspección adelantadas en enero y abril de 2026, en las cuales la SIC requirió información contable, financiera y comercial a las empresas involucradas. Tras comparar los precios pagados con los mínimos establecidos para cada región, el ente de control encontró indicios de que varias operaciones se habrían realizado por debajo del valor obligatorio. Estas compras están reguladas por la Resolución No. 241 de 2025, expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que fijó precios mínimos calculados con base en los costos reales de producción y las condiciones regionales del cultivo.
Un precedente en la protección al productor
Según el comunicado de la SIC, la regulación del precio mínimo no puede quedarse en el papel, pues detrás de cada tonelada de arroz hay productores que invierten, trabajan y asumen riesgos. La entidad enfatizó que tiene el deber de verificar que la norma se cumpla y de actuar cuando encuentre indicios de una posible infracción, sin anticipar la decisión que corresponda en cada caso. Además, aclaró que aunque algunas de las empresas investigadas se adhirieron al acuerdo de estabilización autorizado por la propia SIC, el análisis preliminar indica que las operaciones objeto de los cargos se habrían realizado en periodos no amparados por dicho acuerdo y, por tanto, debían observar el precio mínimo fijado por el Ministerio de Agricultura.
«La regulación del precio mínimo no puede quedarse en el papel. Detrás de cada tonelada de arroz hay productores que invierten, trabajan y asumen riesgos. La SIC tiene el deber de verificar que la norma se cumpla y actuar cuando encuentra indicios de una posible infracción, sin anticipar la decisión que corresponda.»
SIC, comunicado oficial
De confirmarse las infracciones, cada una de las empresas podría enfrentar multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a aproximadamente $4.000 millones, según lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. Las compañías tienen un plazo de 15 días hábiles desde la notificación del acto administrativo para presentar sus descargos y ejercer su derecho a la defensa. Este caso marca un hito en la vigilancia del cumplimiento de la norma, pues es la primera vez que la SIC formula cargos bajo el régimen de libertad regulada, en un contexto en el que el precio promedio de la tonelada de arroz paddy verde en 2026 fue de aproximadamente $1.397.714, según datos del Ministerio de Agricultura.
El arroz es un cereal estratégico para la seguridad alimentaria de Colombia y sustento de miles de familias rurales. Aunque los procedimientos se encuentran en una etapa inicial de formulación de cargos y no existe aún una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las empresas, la actuación de la SIC envía una señal clara sobre la importancia de proteger a los productores y de garantizar que los precios mínimos regulatorios se cumplan efectivamente en todas las zonas arroceras del país.
