SIC requiere datos de precios a empresas por salario mínimo 2026; Fenalco critica medida

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha iniciado un proceso de requerimientos dirigidos a diversas empresas en Colombia, solicitando información detallada sobre sus criterios de fijación de precios, estructuras de costos, márgenes y utilidades, con el fin de verificar posibles incrementos sin justificación objetiva. Esta medida, anunciada en el contexto del ajuste del salario mínimo para 2026, ha generado un fuerte rechazo por parte de líderes empresariales, quienes la califican como un abuso de poder e intromisión estatal en los asuntos privados. Figuras como Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, y Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio y exviceministro de Justicia, han alzado la voz contra lo que perciben como un intento del Gobierno Petro de desnaturalizar las funciones de la SIC.

Las comunicaciones de la SIC buscan proteger a los consumidores de precios excesivos, pero han sido criticadas por exceder las competencias de la entidad. Este escrutinio se intensifica en medio de la vigilancia estatal sobre los precios, especialmente tras el ajuste salarial anunciado para el próximo año. El sector privado reaccionó de manera inmediata, advirtiendo riesgos para la autonomía empresarial y la libertad de empresa consagrada en el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia.

Reacciones contundentes del sector empresarial

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, expresó su preocupación al afirmar que este proceder constituye una indebida intromisión del Gobierno en los asuntos empresariales, pretendiendo convertir a la Superintendencia de Industria y Comercio en una Superintendencia de Precios, lo que desnaturalizaría su función esencial.

“Sin duda, este proceder constituye una indebida intromisión del Gobierno en los asuntos empresariales. Pretenden convertir a la Superintendencia de Industria y Comercio en una Superintendencia de Precios, desnaturalizando su función”

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco

Asimismo, Cabal recordó la importancia de respetar la esencia del artículo 333 constitucional, que consagra la libertad de empresa y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin permisos previos, salvo excepciones legales expresas.

“Sería pertinente que el Gobierno del presidente Petro recuerde, y tenga muy presente, la esencia del artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, que consagra la libertad de empresa y el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin permisos previos, salvo los casos expresamente autorizados por la ley”

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco

Críticas de un exsuperintendente

Pablo Felipe Robledo, con amplia experiencia en la SIC, denunció que las comunicaciones dirigidas a una cantidad importante de empresarios indagan sobre lo habido y por haber, lo divino y lo humano, en cuanto a la forma en que establecen los precios de sus productos, con el propósito de verificar aspectos ajenos a las funciones de la Superintendencia.

“Dirigieron comunicaciones a una cantidad importante de empresarios preguntándoles lo habido y por haber, lo divino y lo humano, en cuanto a la forma en que establecen los precios de sus productos con el fin de verificar cosas que ni siquiera están dentro de las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio”

Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio

Robledo calificó estas acciones como un abuso de poder por parte de los funcionarios y enfatizó que este tipo de comunicaciones jamás fueron enviadas por ningún superintendente ni delegado de protección al consumidor en la historia de la entidad.

“Eso obviamente es un abuso de poder de los funcionarios de la Superintendencia”

Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio

“Ese tipo de comunicaciones jamás fueron enviadas por ningún superintendente ni por ningún delegado de protección al consumidor en ningún momento de la historia”

Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio

En un contexto más amplio, desde 2024 en el sector vivienda se exige la publicación y comercialización de precios en pesos colombianos, junto con advertencias sobre sanciones por publicidad engañosa, cláusulas abusivas e incumplimiento de garantías. Esta noticia se basa en información de Colprensa y declaraciones de @Pfrobledo en X, destacando la tensión entre el control estatal y la libertad económica en Colombia.

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