Un hecho violento sacudió Barranquilla cuando el abogado penalista Jhon Osvaldo Iriarte López, de 40 años, fue interceptado por dos sicarios en una motocicleta mientras circulaba en un Nissan gris con placas KJM-023 por la Calle 84 con Carrera 27, en el barrio El Edén. El ataque dejó ocho balazos de calibre 9 mm que impactaron al vehículo y provocaron un choque frente al estanco Licores La 27 alrededor de las 11:30 p. m. del martes 4 de noviembre de 2025. La víctima murió en el sitio y las autoridades decretaron el acordonamiento de la zona mientras se inician las pesquisas para determinar móviles y responsables.
La información disponible indica que dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron el coche frente al estanco y que el pasajero disparó a quemarropa, dejando ocho impactos de bala de calibre 9 mm que provocaron que el conductor perdiera el control y se estrellara frente al establecimiento. Las autoridades acordonaron la zona y buscan imágenes de cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer móviles y responsables. Versiones preliminares citadas por El Universal y El Heraldo señalan que Iriarte López defendía principalmente a integrantes de Los Pepes, mientras que la Policía señala que no hay antecedentes judiciales en el SPOA. También se indicó que frecuentaba establecimientos de peleas de gallos, aunque la hipótesis de retaliación aún no está confirmada.
La tregua entre bandas y su impacto en la seguridad de Barranquilla
El hecho se inscribe en un contexto reciente de seguridad marcado por una tregua entre las estructuras criminales Los Costeños y Los Pepes anunciada en octubre, la cual habría asociado con una reducción de hechos de violencia letal en la ciudad, aunque persisten dudas sobre su alcance y ejecución. Las autoridades y organismos defensores advierten que este periodo de conversación podría no traducirse en un desescalamiento real de las violencias estructurales. Este asesinato, vinculado por versiones periodísticas a la defensa de integrantes de Los Pepes, eleva la preocupación por la seguridad en Barranquilla y su área metropolitana.
«Nosotros tenemos una información sobre la tregua que se hizo a principios de octubre y pues se ha visto una reducción de hechos de violencia letal en la ciudad. Esto es positivo. Sin embargo, también hemos pedido al Gobierno algunas claridades respecto de cuál es el ámbito de estas conversaciones, para evitar que estos diálogos sean sencillamente como unos acuerdos provisionales de distribución de las economías ilícitas, sin que conduzcan realmente a un desescalamiento de las violencias más estructurales» – Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo
Las autoridades continúan la investigación para establecer móviles y responsables, y la comunidad permanece atenta ante el aumento de inquietud en la ciudad. La Defensoría del Pueblo exige claridad sobre el alcance de los diálogos entre los grupos criminales para evitar que se repitan episodios de violencia y para que las políticas de seguridad realmente reduzcan la violencia estructural que persiste en la región.
