El movimiento político Comunes y la defensa jurídica de sus excongresistas entraron en una nueva fase luego de que la firma DLH Legal Group S.A.S., encabezada por el abogado Luis Eduardo De La Hoz López, anunciara la representación de siete exintegrantes de esa colectividad en el marco de las investigaciones por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Entre los defendidos se encuentran los excongresistas Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López, Carlos Alberto Carreño Marín y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’. La decisión se tomó luego de que María Claudia Tarazona, viuda del senador asesinado, afirmara haber entregado a la Fiscalía General de la Nación información que vincularía a personas mencionadas en mensajes previos al atentado con la planeación del crimen.
En un comunicado oficial dirigido a la opinión pública, el equipo jurídico liderado por De La Hoz López, cuya tarjeta profesional es la 113.811, rechazó de manera categórica cualquier intento de vincular a sus representados con hechos criminales sin una verificación judicial de las pruebas. “La justicia no puede convertirse en escenario de señalamientos, especulaciones ni condenas mediáticas”, subrayó la firma en el encabezado del documento, en el que se advierte sobre el riesgo de que el caso se maneje bajo presión mediática en lugar de un debido proceso. Los excongresistas, que hicieron parte del movimiento político Comunes —surgido tras el Acuerdo de Paz con las antiguas FARC—, se encuentran en el centro de una investigación que la Fiscalía adelanta desde el magnicidio ocurrido durante la campaña presidencial.
Contexto del magnicidio y las acusaciones
El senador Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, fue víctima de un atentado que le costó la vida. Su viuda, María Claudia Tarazona, aseguró a las autoridades que recibió información según la cual la orden del atentado pudo haber salido del Congreso de la República. Este señalamiento, aunque sin precisiones sobre los nombres de los implicados, desencadenó un proceso que ahora tiene a los excongresistas de Comunes como foco de atención. La defensa, por su parte, insiste en que no existe hasta el momento ninguna evidencia judicial sólida que vincule a sus clientes con el magnicidio y que los comunicados públicos de Tarazona no constituyen prueba alguna. El caso continúa en etapa de indagación, y la Fiscalía aún no ha presentado imputaciones formales contra ninguno de los mencionados.
«La justicia no puede convertirse en escenario de señalamientos, especulaciones ni condenas mediáticas.»
Firma de abogados DLH Legal Group S.A.S.
El anuncio de la representación legal ocurre en un momento en que el debate sobre la impunidad y el uso político de los procesos judiciales ha tomado fuerza en Colombia. Los excongresistas de Comunes han señalado en reiteradas ocasiones que son objeto de una persecución política, mientras que sectores afines al senador asesinado exigen celeridad en la investigación. Por ahora, la defensa ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncié de manera oficial sobre el contenido de la información entregada por Tarazona, advirtiendo que cualquier actuación basada en rumores o especulaciones podría vulnerar los derechos de sus representados. La noticia sigue en desarrollo, y se espera que en los próximos días tanto la Fiscalía como los abogados ofrezcan más detalles sobre el rumbo del caso.
