Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo confirmaron la muerte de siete menores de edad durante un bombardeo militar en el departamento del Guaviare, el 15 de noviembre, dentro de operaciones de conflicto armado. Las autoridades indicaron que podría haber más víctimas entre los menores y mencionaron, además, el posible reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales, circunstancias que elevan la gravedad del hecho en una región afectada por la violencia.
La confirmación inicial se reiteró el 17 de noviembre, cuando las entidades ofrecieron una nueva declaración y señalaron la necesidad de verificar otros posibles casos. Este hecho se da en un contexto de reactivación de ataques aéreos por parte del gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, tras una etapa de suspensión de esas operaciones en los primeros años de su mandato. Defensores de derechos humanos advierten que estas acciones pueden incrementar el riesgo para civiles, incluidos los menores, y señalan que, aunque el foco esté en Guaviare, informes de combate mencionan otros lugares del país.
La reactivación de bombardeos y la protección de menores en la agenda pública
En este marco, participan actores como Iris Marín, Defensora del Pueblo; Medicina Legal; Defensoría del Pueblo; y el Gobierno nacional, representado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Pedro Sánchez Col. La conversación pública ha girado hacia la necesidad de evaluar la estrategia de seguridad y, en atención a la población civil, pensar en medidas que reduzcan la vulnerabilidad de los menores ante un conflicto que alterna entre pausas y ofensivas.
«Hay otros bombardeos en verificación por menores de edad que habrían resultado muertos. Pido al presidente @petrogustavo y al @mindefensa @PedroSanchezCol suspender los bombardeos y evaluar» – Iris Marín, Defensora del Pueblo
En el cierre de este episodio, la noticia deja claro que el caso tiene un impacto humano inmediato y que podría intensificar la presión sobre el gobierno para revisar la continuidad de los bombardeos, contemplando, de ser necesario, una suspensión temporal mientras se profundizan las investigaciones y se buscan medidas para proteger a los menores en zonas de conflicto.
