Un bombardeo de la Fuerza Pública en una zona rural del Guaviare dejó como saldo siete menores muertos y desató una controversia nacional sobre la operación militar y el presunto reclutamiento de menores por estructuras armadas ilegales lideradas por alias Iván Mordisco. La acción, que según las autoridades fue una intervención aérea destinada a neutralizar a la estructura, no tiene aún una fecha exacta publicada, pero se enmarca en operaciones recientes en la región para desarticular cabecillas y campamentos, mientras la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar y el Ministerio de Defensa reiteró que la intervención se realizó conforme a criterios vigentes.
Los datos oficiales especifican que el grupo armado ilegal está encabezado por alias Iván Mordisco y que, junto a la Fuerza Pública, participan el Ministerio de Defensa y la Procuraduría en la investigación. El hecho ocurrió en Guaviare, en zona rural, y el proceso de identificación de las víctimas continúa a través de trámites forenses y pruebas de ADN para la entrega de restos. En este contexto, la familia de los menores se presentó en Villavicencio, en la sede de Medicina Legal, para los trámites de identificación y entrega de las víctimas. Además, se precisa que el joven desaparecido fue reclutado hace tres meses, un dato que ha intensificado el escrutinio sobre las prácticas de reclutamiento en estas estructuras y ha reavivado el debate público sobre la protección de la infancia en el marco del conflicto armado.
La respuesta institucional y el marco de la noticia
En el ámbito institucional, la Procuraduría abrió indagación preliminar para verificar el cumplimiento de principios y salvaguardias en operaciones donde podrían estar presentes menores, mientras el Ministerio de Defensa afirmó que la información sobre el presunto reclutamiento forma parte de las investigaciones abiertas y que se cooperará con las autoridades para esclarecer todas las circunstancias. Paralelamente, se refuerzan los esfuerzos forenses y de apoyo a las familias afectadas, con equipos interdisciplinarios que brindan asesoría psicológica a los allegados y coordinan la entrega de restos mediante procedimientos de Medicina Legal en Villavicencio. El caso, además, se suma a denuncias en otros departamentos sobre el reclutamiento de menores por estructuras armadas, aumentando la atención sobre las políticas de protección infantil y el impacto humano de las operaciones militares en zonas rurales.
«A él se lo llevaron hace tres meses, lo reclutaron. Mi papá intentó buscarlo, pero le dijeron que dejara así; por miedo y terror dejó de buscarlo”, relató. — Hermana del menor, pariente
«Se supone que él cuida a los jóvenes, pero no le importó que murieran todos esos niños, les arrebató sus sueños», expresó. — Hermana del menor, pariente
La familia se presentó en Villavicencio para completar los trámites de identificación y entrega de restos, en medio de un operativo que implicó campamentos vinculados a la estructura en Guaviare. Este suceso, lejos de cerrarse como un hecho aislado, abre preguntas sobre la protección de la infancia, la idoneidad de las operaciones militares en contextos rurales y la necesidad de mecanismos más eficaces de apoyo a las víctimas y a las comunidades afectadas mientras las autoridades avanzan en las investigaciones y en la revisión de estándares para evitar la presencia de menores en escenarios de conflicto.
