El último bombardeo ordenado por el presidente Gustavo Petro en el Guaviare dejó siete menores fallecidos, según Medicina Legal y el Ministerio de Defensa. La fecha exacta de la operación no se especifica en la información disponible, pero el hecho se sitúa en ese departamento del país dentro del marco de la acción militar destinada a enfrentar a las disidencias de las Farc.
La operación fue dirigida contra las disidencias de las Farc y autorizada por Petro para prevenir una emboscada; Iván Mordisco, líder de esas disidencias, estaría al frente de las fuerzas, y la Defensoría ha denunciado que menores habrían sido incorporados a funciones como vigilancia, logística y entrenamiento, e incluso utilizados como escudos humanos.
La protección de la infancia y la responsabilidad estatal en el centro del debate
El marco del derecho internacional humanitario prohíbe el reclutamiento de menores y establece que los menores vinculados a grupos armados deben considerarse víctimas, una norma que en Colombia se refuerza a través del Código de Infancia y Adolescencia, que reconoce a los menores reclutados como víctimas y les garantiza protección y reparación. Este caso reabre el debate sobre la protección de los menores en conflictos armados y sobre la responsabilidad del Estado ante menores vinculados a estructuras armadas. Organismos de derechos humanos advierten que no siempre es posible determinar con certeza las funciones reales de un menor en un campamento y que asumir de forma automática que un menor es blanco lícito implica riesgos significativos. En el Guaviare, el operativo se dirigió específicamente contra las disidencias de las Farc, responsables de incorporar a menores en actividades logísticas, vigilancia y entrenamiento forzado.
No hay declaraciones textuales citadas en el material.
Con siete menores fallecidos, este caso intensifica la obligación de las autoridades de investigar y rendir cuentas, y subraya la necesidad de reparar a las víctimas. Este medio, La Veintitrés Manizales, seguirá atento a las verificaciones técnicas y a los avances en las decisiones que determinen responsabilidades y garantías para la protección de la infancia ante conflictos armados.
