El Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), puso en marcha la plataforma SIGEP 3.0, una herramienta que elimina la obligación de volver a presentar documentos ya cargados en el sistema para contratistas y servidores públicos. La nueva versión de la hoja de vida digital fue desarrollada internamente por el equipo técnico del DAFP, sin contratos externos, lo que representó un costo de cero pesos para el erario, en contraste con los $8.000 millones que costó la versión anterior, SIGEP 2.0.
El director del DAFP, Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, explicó que la implementación de esta nueva plataforma se realizará de manera gradual durante los próximos meses, con expectativas de plena operatividad hacia diciembre. La herramienta tiene como objetivo modernizar el Estado, cumplir con la normativa antitrámites y evitar que los ciudadanos repitan la entrega de documentos que ya obran en sistemas oficiales. «Lo que ya está en verde no podrá volver a exigirse», afirmó Huerta, en referencia a la validación automática de la información registrada.
Integración de bases de datos y verificación digital
Una de las principales novedades de SIGEP 3.0 es la integración de bases de datos de la Procuraduría General, la Contraloría General, la Policía Nacional y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), lo que permitirá que los certificados laborales y académicos ya registrados no deban ser presentados nuevamente por los usuarios. La verificación de los datos se realizará mediante código QR, facilitando la trazabilidad y transparencia en los procesos de contratación y vinculación con el Estado. El director Huerta enfatizó que solicitar documentos que ya se encuentran disponibles en el sistema podría constituir causal de mala conducta para los funcionarios que incurran en esa práctica.
«Esperamos que en diciembre no tenga que ir a la casa de su mamá para descolgar el diploma de bachiller y sacarle fotocopia»
Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, director del DAFP
La iniciativa se inscribe en la política de simplificación administrativa del gobierno de Abelardo de la Espriella, que busca eliminar barreras documentales para contratistas y aspirantes a cargos públicos. Con esta nueva plataforma, el Estado avanza en su propósito de lograr una administración más simple, austera y eficiente, reduciendo los tiempos de espera y la carga burocrática que históricamente ha afectado a los ciudadanos en sus relaciones con las entidades oficiales. El director Huerta concluyó que la herramienta representa un avance significativo en la lucha contra el exceso de trámites y un ahorro sustancial de recursos públicos, consolidando un modelo de gestión más cercano a las necesidades de la gente.
