El primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, del movimiento Creemos, radicó formalmente ante la secretaría de la Corporación un proyecto de ley que busca crear un bloque de búsqueda especializado contra el microtráfico en un perímetro de 300 a 500 metros alrededor de colegios, parques infantiles y escenarios deportivos en todo el territorio nacional. La iniciativa, que inicia su trámite en la Comisión Primera de la Cámara, pretende atacar de manera frontal la venta de drogas en entornos donde se concentran menores de edad, con el objetivo de evitar la inducción al consumo y recuperar espacios públicos que han sido tomados por redes criminales.
El proyecto propone la delimitación de áreas denominadas «Zonas Cero Tráfico», que contarán con señalización visible y cartografía pública, así como canales de reporte confidencial para que familias y vecinos puedan denunciar de manera segura. La coordinación operativa estará a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho, y obligará a la Policía Nacional, la Fiscalía General, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), los ministerios de Salud y Educación, y las alcaldías a trabajar de manera articulada. Según explicó Molina en su cuenta de X, la iniciativa «obliga a Policía, Fiscalía, Icbf, Salud, Educación y alcaldías a trabajar juntas, con seguimiento permanente después de cada operativo y metas medibles».
Sin nueva burocracia ni carga fiscal
Uno de los aspectos destacados del proyecto es que su implementación no representará una nueva carga fiscal ni la creación de nueva burocracia, ya que se financiará con recursos y personal existentes. Se propone un diagnóstico integral inicial a cargo de organismos de seguridad, Fiscalía y agencias de inteligencia para censar los planteles educativos críticos en cada región. Las secretarías de educación territoriales implementarán programas preventivos en las aulas, mientras que el Icbf y las entidades de salud pública brindarán acompañamiento psicosocial a los jóvenes afectados durante los operativos policiales. Además, unidades de policía judicial mantendrán vigilancia perimetral para evitar la reaparición de puntos de venta una vez desarticulados.
El perímetro de protección reforzada será de 300 metros alrededor de instituciones educativas y áreas de recreación, pero podrá ampliarse hasta 500 metros en zonas de riesgo especial, según lo determinen los diagnósticos iniciales. La iniciativa se suma al debate sobre seguridad ciudadana que cursa en las comisiones constitucionales del Capitolio Nacional y deberá superar cuatro debates reglamentarios para convertirse en ley.
«No podemos seguir permitiendo que se dé el tráfico y la venta de drogas alrededor de los colegios, de los parques, de los escenarios deportivos. Alrededor de nuestros niños no puede haber jíbaros», afirmó Simón Molina, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes.
Simón Molina, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes
La Comisión Primera de la Cámara designará ponentes para el primer debate, el cual definirá el futuro de una propuesta que busca devolver la tranquilidad a las comunidades educativas y garantizar que los entornos de formación y recreación de los niños y jóvenes colombianos estén libres de la amenaza del microtráfico.









