El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció que Colombia autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en territorio enmarcadas en “su lucha” contra el narcotráfico
Esta cooperación se anuncia tras la decisión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de ingresar a una coalición antidrogas liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, dijo Hegseth durante una reunión de la alianza que agrupa a una veintena de países.
“A través del recién inaugurado presidente (…), Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror”, señaló el jefe del Pentágono.
En el país operan varios grupos ilegales que se financian del narcotráfico. Esas bandas están integradas por unas 25.000 personas, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz basado en cifras oficiales de 2025.
Varios congresistas y exfuncionarios señalaron que el Ejecutivo se habría excedido en sus facultades al permitir la posible presencia de tropas extranjeras sin el aval del Senado. La senadora Alejandra Omaña, del Pacto Histórico, afirmó que “las tropas estadounidenses no pueden entrar al territorio colombiano sin autorización del Senado”, en alusión al artículo 173 de la Constitución, que reserva a esa corporación la potestad de autorizar el tránsito de fuerzas militares de otros países por el territorio nacional.
En la misma línea, el senador Iván Cepeda subrayó que “ningún gobierno puede disponer del territorio colombiano ni permitir la presencia o el tránsito de tropas extranjeras al margen de la Constitución y de las instituciones de la República”.
Las críticas también llegaron desde el exterior del Congreso. El exgobernador de Nariño, Camilo Romero, comparó la situación con el caso de Ecuador, donde la colaboración con fuerzas extranjeras derivó en denuncias por violaciones a derechos humanos, y lanzó una dura advertencia: “Esto ratifica lo que advertimos: Abelardo es un vendepatria”. Romero recordó que experiencias similares en la región han dejado civiles heridos y muertos, y exigió transparencia sobre los alcances del convenio.
La senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, solicitó formalmente a los ministros de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa información detallada sobre el contenido del acuerdo y las garantías de que no se vulnera la Carta Magna. Mientras tanto, la senadora Omaña insistió en que “la presencia militar extranjera no debe vulnerar derechos fundamentales ni dejar civiles heridos o muertos”, un llamado que resuena en un país que aún procesa las secuelas de décadas de conflicto armado y cooperación militar con Estados Unidos.
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