El debate sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 se encuentra estancado sin avances significativos entre sindicatos y empresarios, quienes presentaron documentos de salvedad tras agotar el plazo reglamentario de 48 horas en la mesa de concertación tripartita. Esta presentación de posiciones firmes, sin ningún acercamiento entre las partes, ocurrió en el marco del proceso de negociación en Bogotá, donde los representantes sindicales, incluyendo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y su presidente Fabio Arias, defendieron un incremento del 16 por ciento, mientras que los empresarios propusieron solo un 7,21 por ciento, reflejando profundos desacuerdos sobre cómo ajustar el salario ante la inflación y las necesidades básicas de los trabajadores.
La canasta básica familiar en 2024 alcanzó los 2.982.589 pesos, desglosados en 1.288.654 pesos para alimentos, 711.780 para vivienda, 154.606 para educación y salud, y 827.549 para otras necesidades, con una proyección para 2025 de 3.141.188 pesos. Actualmente, el salario mínimo queda un 39,70 por ciento por debajo de esta canasta para un hogar con 1,5 salarios mínimos, lo que agrava la situación de pobreza para millones de familias. El salario mínimo de 2025 se fijó en 1.423.500 pesos más un auxilio de transporte de 200.000 pesos, totalizando 1.623.500 pesos, y una proyección para 2026 con un aumento del 9,54 por ciento llegaría a 1.559.347 pesos más el auxilio, sumando 1.759.347 pesos. Estos ajustes impactan directamente a 2,4 millones de perceptoras del salario mínimo en 2025, en un contexto donde 11,3 millones de personas ganan menos que el mínimo entre enero y octubre de este año, un 12 por ciento más que en 2024, y la informalidad laboral suma 13,6 millones de trabajadores, con un incremento de 732.000 personas.
Discrepancias profundizadas por inflación y derechos constitucionales
La negociación anual en la mesa tripartita evalúa factores como la inflación, el desempleo, el crecimiento económico y la productividad, tal como ocurrió en 2025 cuando se concertó un aumento del 9,54 por ciento sin consenso pleno. Los sindicatos argumentan basados en la Constitución de 1991, la Sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional y el Convenio 131 de la OIT, insistiendo en que un incremento insuficiente viola derechos mínimos y mantiene a los trabajadores en la pobreza, impidiendo la prosperidad general. Por su parte, los empresarios destacan que el IPC acumulado en el último año es del 5,3 por ciento, señalando un estancamiento en la reducción de la inflación lograda en años previos, y advierten sobre posibles efectos inflacionarios de un aumento irresponsable.
«Un incremento del salario mínimo en un 16% estamos seguros seguirá contribuyendo a la dinamización de la economía. La norma constitucional se violenta en la medida que el incremento no permita la satisfacción de los derechos mínimos de los trabajadores y sus familias porque los mantiene sumidos en la pobreza y no se promueve la prosperidad general como lo mandata la Carta de 1991.»
Centrales obreras, en su documento de salvedad
«El aumento del IPC-índice de precios al consumidor, en lo corrido del último año presenta una cifra acumulada del 5,3%, lo cual indica un estancamiento en la tendencia de reducción de la inflación que en los años anteriores se había logrado en Colombia.»
Empresarios, en su documento de salvedad
Este impasse en la mesa de concertación amenaza con repercutir en los ingresos de millones de trabajadores colombianos, exacerbando la informalidad laboral y afectando la dinámica de la economía nacional, según datos del Dane y reportes de fuentes como Semana, la cuenta de X de @cutcolombia y @AntonioSanguino. Sin una solución consensuada, el proceso podría escalar a instancias gubernamentales, dejando en vilo el futuro financiero de hogares dependientes del salario mínimo en regiones como Caldas y el Eje Cafetero.
