La negociación del salario mínimo para 2026 en Colombia avanza sin consenso en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde el Gobierno, los gremios empresariales y los sindicatos mantienen posturas encontradas. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, lidera las discusiones junto al presidente Gustavo Petro, mientras figuras como Jaime Cabal, presidente de Fenalco, Bruce Mac Master, de la Andi, y Fabio Arias, de la CUT, representan sus sectores. La proyección oficial apunta a un aumento del 11 por ciento, elevando el salario a 1.580.085 pesos (unos 419 dólares a una tasa de 3.770 pesos por dólar), cifra que superaría apenas el salario mínimo de México, con 416 dólares, pero dejaría a Colombia rezagada en el contexto de América Latina.
El proceso, en curso para definir el ajuste que impactará a millones de trabajadores en un país donde el salario mínimo actual es de 1.423.500 pesos y se ubica en la parte baja de la tabla regional, se complica por el retiro de Fenalco de la mesa de concertación. Este abandono se produce ante diferencias profundas en las propuestas: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), liderada por Fabio Arias, exige un salto hasta los 1.800.000 pesos por justicia social, mientras Fedesarrollo, a través de su director ejecutivo Luis Fernando Mejía, recomienda un incremento moderado del 6 al 7,5 por ciento, basado en la inflación proyectada alrededor del 5 por ciento y la productividad laboral superior al 3 por ciento. El Gobierno cita recomendaciones de la OIT para priorizar el poder adquisitivo real, en tanto los empresarios insisten en criterios técnicos como inflación y productividad para evitar riesgos.
Posturas encontradas y acusaciones cruzadas
Las tensiones escalaron con anuncios anticipados del Gobierno que generaron rechazo gremial, sumado a temores de que aumentos elevados disparen la informalidad, el desempleo y la inflación. Juan Pablo Zuluaga, líder de Mis Propias Finanzas, cuestionó la viabilidad de subidas drásticas al advertir que si fuera tan fácil elevar el salario mínimo en un 50, 60 u 80 por ciento, generaría distorsiones económicas graves, y agregó que un alza en el costo de la vivienda podría disparar la inflación con repercusiones en toda la economía. Por su parte, el senador del Pacto Histórico Wilson Arias defendió la necesidad de incrementos para impulsar la demanda agregada, argumentando que la informalidad y el desempleo no son culpa del salario mínimo, sino todo lo contrario, ya que sin salarios dignos no hay consumo efectivo que genere empleo.
“acto de cobardía” y “mezquina”
Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, refiriéndose a Jaime Cabal
Estas divergencias amenazan con prolongar las deliberaciones sin acuerdo, en un escenario donde el equilibrio entre justicia social y sostenibilidad económica define el futuro de los trabajadores colombianos, mientras el país busca no perder más terreno en la región.
