El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y directivo de la Confederación CUT-FL-Federación Propaís, Wilson Javier Devia, lanzó una dura crítica contra la asignación de un esquema de seguridad al activista Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, calificando el proceso como un “favor político” que carece de justificación técnica. Devia, en su pronunciamiento difundido a través de redes sociales, cuestionó la rapidez con la que se otorgó la protección, señalando que la medida se tramitó en tan solo tres días mediante un procedimiento de emergencia, sin que existan estudios de riesgo previos que demuestren una amenaza inminente para el beneficiario.
El sindicalista detalló que el esquema asignado a Coral tiene un costo mensual superior a los 45 millones de pesos, desglosados en 20 millones por el alquiler de un vehículo blindado, 13 millones para dos escoltas y un auxilio adicional de 1.100.000 pesos en combustible. Devia expresó su indignación al comparar este caso con el de líderes sociales que han sido asesinados sin recibir la protección necesaria, afirmando que “es lamentable que a una persona le sea asignada una medida de seguridad que le cueste más de 45 millones de pesos al Estado colombiano simplemente por ser amigo del presidente o por tener cercanía con el presidente”. El dirigente sindical insistió en que no hay evidencia de que Coral enfrente un riesgo real en Colombia, pues el activista pasó once años fuera del país tramitando asilo político en Estados Unidos, de donde fue deportado el pasado 16 de junio.
La polémica en torno a la asignación de medidas de protección
Wilson Javier Devia fue enfático al señalar que la UNP, bajo la dirección de Augusto Rodríguez, actuó de manera irregular al aplicar un trámite de emergencia para asignar el esquema de seguridad, una facultad discrecional del director que, según el sindicalista, no se ajusta a las condiciones de riesgo inminente exigidas por la normativa. “Desconozco si el señor Beto Coral tiene amenazas en Colombia. Desconozco en efecto si hay un riesgo inminente, pero aplicarle un trámite de emergencia para asignarle un vehículo blindado que mensualmente tiene un costo de 20 millones de pesos, más dos escoltas que tienen un costo de 13 millones de pesos, más un auxilio en combustible de 1.100.000 pesos, es un despropósito de la UNP y del Estado”, manifestó Devia en un video compartido en redes sociales.
“No sea irresponsable. Deje de estar regalando las medidas y haciéndole favores políticos a las personas y al Gobierno cuando hay gente que han asesinado porque usted no ha implementado las medidas. No puede ser que utilicen la unidad como un escampadero político”.
Wilson Javier Devia, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UNP
La controversia se intensificó luego de que la Asociación Nacional de Analistas de Riesgo y Escoltas de Seguridad (Analtraseg) denunciara públicamente que Coral recibió su esquema de seguridad de modo “relámpago”, sin que se hubiera realizado un estudio de riesgos previo. Devia advirtió que esta actuación podría constituir un delito de prevaricato por acción y ha solicitado la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y la Contraloría para que investiguen el caso. El dirigente sindical también recordó que Coral, durante su estadía en Estados Unidos, se dedicó al activismo político en favor de la izquierda, criticando al expresidente Álvaro Uribe y a la firma de abogados Abelardo de la Espriella, lo que, según argumentó, no justifica la urgencia de la medida.
