La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (OSEMCO) remitió una carta al presidente Gustavo Petro en la que denuncia graves irregularidades en la cúpula de la entidad, incluyendo nepotismo, conflictos de interés y una crisis operativa y financiera que ha afectado a más de 1.800 familias. El sindicato exige la renuncia inmediata de la directora Gloria Arriero, señalando casos como la aspiración de su cónyuge, Edgar de Jesús Bernal Coconubo, a un cargo de asesor en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, así como el contrato otorgado durante 2025 a la pareja sentimental de la hija de la directora y la designación del esposo de la subdirectora de Control Migratorio, Juliana María Rodríguez Pinzón, como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
Estas denuncias, verificadas por OSEMCO en plataformas oficiales como SECOP y la Presidencia de la República, destacan un abuso de poder que genera interferencia en la toma de decisiones, falta de imparcialidad y daño a la transparencia institucional. La hoja de vida de Bernal Coconubo fue publicada el 19 de noviembre de 2025, mientras que los cambios administrativos se realizaron a finales de diciembre, en plena temporada de alto flujo migratorio, lo que agrava la crisis en Migración Colombia.
Irregularidades que socavan la confianza pública
El sindicato detalla que la subdirectora Juliana María Rodríguez Pinzón ejerce en la práctica mayor autoridad que la directora Arriero, quien realiza viajes frecuentes con viáticos sin rendir informes ni mostrar resultados concretos. Estas prácticas han creado un ambiente de temor interno entre los funcionarios, desfinanciación de procesos misionales y un deterioro en la dignidad laboral, afectando el funcionamiento de la entidad encargada de la gestión migratoria en Colombia.
“absurdo administrativo”
OSEMCO
La denuncia de OSEMCO se presenta de manera “categórica, expresa y contundente”, solicitando la intervención presidencial para restaurar la credibilidad de Migración Colombia y garantizar un manejo imparcial que proteja la confianza pública y el servicio a la ciudadanía.
