El sindicato Analtraseg de la Unidad Nacional de Protección (UNP) rechazó enfáticamente el decreto que establece la nueva planta de personal para 2026, la cual implica un presupuesto superior a los 740.000 millones de pesos y la creación de 6.870 nuevos empleos, entre ellos 6.000 escoltas y 848 cargos administrativos. Giovanni Gallo, presidente del sindicato, criticó la medida por incrementar la burocracia y no garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios, en un anuncio revelado el 16 de enero por Infobae Colombia y firmado por el Ministerio del Interior, en medio de contingencias como las elecciones presidenciales y la creciente demanda de esquemas de protección para líderes sociales y personas en riesgo extraordinario.
El decreto busca optimizar recursos y fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas, proyectando un ahorro anual de más de 120.000 millones de pesos, equivalente al 13% de optimización respecto a 2025, al tiempo que reserva más del 10% de los cargos para jóvenes, rejuveneciendo el servicio público e impulsando la inclusión laboral. Sin embargo, incluye 22 puestos directivos y asesores, y eleva el personal por subdirección de 25 a 50 funcionarios, lo que genera alertas sobre una expansión innecesaria.
Críticas por exceso de burocracia y riesgos políticos
Gallo cuestionó la creación de cargos directivos excesivos, especialmente en la subdirección de prevención, donde se incorporan funciones de inteligencia propias de una organización de seguridad. Además, denunció vacíos en los mecanismos de contratación, la falta de compra de armamento, métodos de selección no explicados y una posible finalidad política en un contexto electoral, donde Colombia podría ver multiplicados los nombramientos por votos.
«La opinión de nosotros es muy negativa sobre estos decretos. Se están creando más cargos directivos de los necesarios, pero ojo, dentro de uno de ellos, que es la subdirección de prevención, aparecen más funciones de inteligencia que cualquier otra cosa, y estamos en una institución de seguridad que ahora tendría su propia organización de inteligencia.»
Giovanni Gallo, presidente del sindicato Analtraseg de la UNP
El líder sindical enfatizó que estos cambios no aseguran la estabilidad laboral ni mejoran las condiciones salariales, que siguen por debajo de las de agentes de la Fiscalía y la Procuraduría. Por ejemplo, mientras un agente de protección de la Fiscalía ganaba 4,5 millones de pesos en 2019 —cifra que la UNP solo alcanzó el año pasado—, hoy esos salarios superan los 6 o 7 millones.
«Son cargos que podría atender un funcionario sin necesidad de generar toda una división u organización alrededor de él. Eso estaría incrementando así la burocracia, incrementando la cantidad de personas que van a trabajar de 25 a 50 por subdirección.»
Giovanni Gallo, presidente del sindicato Analtraseg de la UNP
Alertas por calidad de protección y entrenamiento
Entre las mayores preocupaciones del sindicato figura la ausencia de garantías en entrenamiento y capacidades para los nuevos escoltas, lo que podría derivar en una masacre y un descenso en el nivel de protección para beneficiarios del programa de la UNP en todo el país. Gallo alertó sobre un «cocido politiquero» en época de elecciones y la falta de sostenibilidad financiera real.
«¿Dónde está la garantía de protección? ¿Dónde está el entrenamiento? ¿Estas personas tienen las capacidades? Verdad que no las tienen. Estamos frente a una masacre y a bajar el nivel de protección a todos los protegidos y beneficiarios del programa de la Unidad Nacional de Protección en el país.»
Giovanni Gallo, presidente del sindicato Analtraseg de la UNP
La medida, que responde a la necesidad de mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera de la UNP, se da en un año clave por las elecciones, amplificando las tensiones entre los objetivos oficiales de inclusión y rejuvenecimiento del servicio público, y las demandas sindicales por condiciones dignas y transparentes.
