Un audio de 41 segundos atribuido a Juliana Guerrero, en el que presuntamente solicita modificar su condición de funcionaria a activista o líder política para reforzar su esquema de seguridad sin un nuevo estudio de riesgo, desató una denuncia formal del sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por presunto tráfico de influencias. La grabación, que circuló en redes sociales el jueves 6 de agosto de 2026, ocurre a un día de que finalice el gobierno de Gustavo Petro y cuando Guerrero afronta una imputación penal por fraude procesal y falsedad ideológica.
La denuncia fue presentada el 4 de agosto por Wilson Devia, titular del sindicato de la UNP, mediante una carta dirigida a la fiscal General, Luz Adriana Camargo Garzón; al procurador General, Gregorio Eljach Pacheco; y a la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. En el documento, Devia señala a Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la UNP; al presidente Gustavo Petro; y a Nancy Yolima Rumie Guevara, asesora del Ministerio del Interior y presidenta del Cerrem, como responsables de presionar los procesos internos de análisis de riesgo que definen la asignación de esquemas de protección.
El audio y la solicitud irregular
En la grabación, una voz que el sindicato atribuye a Juliana Guerrero afirma: «Vale, mire, es que acabo de recibir un mensaje del señor presidente que le envió Augusto Rodríguez para, me imagino, cambiar como mi tipo de cosas, no sé… funcionaria, sino activista y líder política, para poder justificar mi esquema y reforzármelo». Según la denuncia, la analista de riesgo que tramita el caso de Guerrero habría recibido presiones para llevar la solicitud ante el Cerrem y modificar el estudio de riesgo saltándose el proceso debido. El objetivo, según el sindicato, era justificar un esquema de protección estatal que incluye vehículo blindado y dos escoltas, con un costo mensual de aproximadamente 600 millones de pesos pagados con recursos públicos.
«Estos hechos generan trascendencia, toda vez que en un esquema de seguridad de la unidad de protección con un vehículo blindado y 2 escoltas cuestan aproximadamente 600.000.000 millones de pesos mensuales, que son pagos con recursos del Estado».
Wilson Devia, titular del sindicato de la UNP
Contexto judicial y salidas del gobierno
Juliana Guerrero fue imputada por presunto fraude procesal y falsedad ideológica en documento público debido a la inclusión de documentos académicos falsos en su hoja de vida. La Fiscalía radicó el escrito de acusación el 22 de julio de 2026, con audiencia continuada para el 20 de agosto. Además, enfrenta denuncias por una presunta red de corrupción y tráfico de influencias para la adjudicación de contratos públicos, lo que la llevó a renunciar a su último cargo en el Consejo Superior de la Universidad del Cesar el 27 de julio de 2026, es decir, diez días antes de la difusión del audio. La UNP y su director Augusto Rodríguez ya estaban salpicados por escándalos previos, y el gobierno de Gustavo Petro finaliza el 7 de agosto de 2026, cuando asumirá Abelardo de la Espriella. El sindicato de las Unidades Temporales UT-UNP pidió investigar si hubo presión sobre los análisis de riesgo, en un caso que mezcla altos costos para el Estado, presuntas influencias desde la Presidencia y una investigada que busca protección sin pasar por los controles establecidos.
