Desde el pasado 20 de julio, sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) mantienen bloqueada la sede central de la entidad en Bogotá, en una protesta que advierten se extenderá hasta el 7 de agosto si no se logran acuerdos laborales. La movilización, convocada por organizaciones como Analtraseg, exige el pago de horas extras, mejores condiciones laborales, formalización de contratos y mayor transparencia en la vinculación de escoltas, además de denunciar el incumplimiento de compromisos previos sobre remuneración, seguridad social y entrega de equipos y dotaciones.
Alrededor de 250 personas permanecen en el lugar, instalando campamentos y bloqueando el acceso a las instalaciones. Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg, uno de los sindicatos convocantes, señaló que la medida responde a la falta de respuesta de la administración de la UNP, encabezada por Augusto Rodríguez, frente a las demandas de los trabajadores. Según los sindicatos, la UNP cuenta con aproximadamente 16.000 trabajadores, de los cuales cerca de 6.000 escoltas están vinculados mediante Uniones Temporales, una modalidad que consideran precaria.
Denuncias sobre la vinculación de nuevos escoltas
Uno de los puntos más álgidos de la protesta es la crítica a la supuesta intención de la UNP de incorporar 11.000 nuevos escoltas, mientras que la entidad dispone de poco más de mil armas. Gallo cuestionó la reducción de requisitos para el ingreso de nuevos aspirantes —con experiencia mínima de seis meses y nivel académico de bachillerato— advirtiendo que esto genera riesgos de seguridad por falta de filtros de confianza y preparación. Los sindicatos denuncian que la administración actual prioriza el ingreso de nuevos aspirantes sin garantizar condiciones dignas para los escoltas actuales.
Gallo también denunció que algunos sindicatos han actuado a favor del Gobierno para recibir beneficios y ubicar afiliados en cargos de coordinación, generando favoritismos y protección selectiva. Asimismo, señaló que los salarios netos ofrecidos no cubren necesidades básicas, especialmente para quienes podrían ser trasladados a cualquier parte del país, lo que agrava la situación de los trabajadores.
Reunión fallida y vigencia de la protesta
El 21 de julio se llevó a cabo una reunión con voceros del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, pero no se logró ningún acuerdo, por lo que los sindicatos mantienen firme su decisión de continuar el bloqueo hasta el 7 de agosto. La UNP, entidad encargada de la protección de personas en situación de riesgo en Colombia, enfrenta así una nueva crisis mientras los manifestantes advierten que no levantarán la protesta sin respuestas concretas a sus demandas.
