Los sindicatos Asoness, Sindimisalud y Asominsalud denunciaron al Ministerio de Salud y Protección Social por una reforma de planta de personal que implica la reincorporación de trabajadores a cargos anteriores, lo que genera una reducción salarial directa. Esta situación, según los sindicatos, carece de transparencia y viola normativas previas a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías a finales de enero de 2026. El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad falló a favor de los sindicatos en una acción de tutela presentada en diciembre de 2025, ordenando la entrega inmediata de documentos técnicos, estudios, cronogramas y soportes presupuestales en formatos accesibles, con un plazo máximo de 48 horas para el cumplimiento.
La reforma, preparada durante dos años, busca modernizar la administración del Ministerio mediante una «incorporación funcional» que suprime cargos existentes y crea nuevos, pero sin un decreto formal que la respalde. Los sindicatos argumentan que esta medida no solo ignora la insuficiente socialización previa, sino que también contraviene las prohibiciones del Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), que veta la creación de cargos o modificaciones en la nómina antes de la expedición del decreto y la vigencia de la Ley de Garantías, salvo en casos de encargos existentes o vacancias definitivas. Además, citan jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la provisión de cargos por mérito, destacando que la versión final de la reforma no garantiza los ascensos salariales prometidos inicialmente en dos grados.
Riesgos jurídicos y disciplinarios en la mira
El fallo judicial amparó el derecho de petición de los sindicatos y subraya los graves riesgos asociados a esta reforma, como posibles nulidades administrativas, sanciones disciplinarias, fiscales y acciones judiciales derivadas de los cambios en la nómina sin el debido respaldo normativo. Aunque la iniciativa prevé un crecimiento neto en la planta de personal, los representantes sindicales advierten que el retroceso a posiciones iniciales no solo afecta económicamente a los empleados, sino que desconoce su mérito acumulado en la entidad.
«Iban a ascender a los empleados de planta dos grados, con una mejora salarial, en reconocimiento a su mérito. Sin embargo, en los acuerdos no se establece como una obligación. Por el contrario, los regresan a los cargos donde comenzaron en la entidad, lo que implica la pérdida del puesto actual y afecta negativamente su salario.»
Fuentes consultadas por Infobae Colombia
Con el cumplimiento pendiente para enero de 2026, justo antes de las restricciones de la Ley de Garantías, los sindicatos exigen al Ministerio mayor accountability para evitar un colapso en la estructura laboral del sector salud en Colombia, recordando que estas irregularidades podrían derivar en un impacto mayor en la prestación de servicios públicos esenciales.
