El Comando Nacional Unitario (CNU), que agrupa las cinco principales organizaciones sindicales y de pensionados del país —CUT, CGT, CTC, UTRADECCO y UTRADECP—, inició la construcción de una propuesta conjunta para el aumento del salario mínimo de Colombia en 2027, aunque aún no ha definido el porcentaje que defenderán. La decisión se tomó tras una reunión realizada el 19 de octubre de 2026, en la que los voceros acordaron revisar antecedentes, indicadores económicos y proyecciones, así como consultar a expertos, centros de pensamiento y la Universidad Nacional, con el objetivo de presentar una posición unificada y técnicamente sustentada cuando el Gobierno nacional convoque formalmente a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl).
El salario mínimo en Colombia se fija anualmente mediante la concertación tripartita entre el Ejecutivo, los empresarios y los trabajadores, y la discusión de 2027 llega después de un incremento del 23,7 % en 2026, que elevó el ingreso base a 1.750.905 pesos sin auxilio de transporte y a 2.000.000 de pesos con el subsidio de movilidad. En la mesa, dos visiones contrapuestas marcan el debate: una que impulsa un alza cercana al 38,5 %, defendida por el expresidente de la CUT Fabio Arias, y otra moderada, situada entre el 8 % y el 10 %, planteada por Audrey Rodríguez, CEO del Grupo Lexacty SAS. El CNU aún no se ha inclinado oficialmente por ninguna de ellas, pero el presidente de la CUT, Nelson Alarcón, manifestó que «las organizaciones aspiran a construir una propuesta unificada, con respaldo técnico y ajustada a las condiciones económicas del país y a las necesidades de los trabajadores y sus familias».
Dos posturas en tensión
Fabio Arias, quien propuso el incremento del 38,5 %, argumenta que ese salto llevaría el mínimo a 2.425.003 pesos y responde a la necesidad de recuperar el poder de compra de los trabajadores frente a una inflación que, según Rodríguez, rondaría el 7 % al cierre de 2026, y una productividad real estimada en apenas el 1 %. Sin embargo, Audrey Rodríguez calificó esta propuesta como la «antesala de una catástrofe económica de dimensiones históricas». En una declaración contundente, explicó que «basta con mirar el retrovisor: en 2026, el salto del 23 % dejó a miles de empresas al borde del colapso de liquidez. Para no quebrar, los comercios y negocios tuvieron que subir precios a la desesperada para crear un colchón de supervivencia, alimentando un monstruo inflacionario que terminó indexando arriendos, canasta básica y servicios, empujando las tasas al 12,25 % y asfixiando a los hogares. La economía todavía no sana de ese golpe».
«Inyectar semejante masa de dinero sin productividad real apenas estimada en torno al 1 % desataría un rebrote inflacionario tan voraz que pulverizaría el poder de compra en cuestión de días. Aquello que en el papel parecía un alivio terminaría convertido en la peor pesadilla para el bolsillo de los propios trabajadores»
Audrey Rodríguez, CEO de Grupo Lexacty SAS
Rodríguez detalló que los costos patronales adicionales al salario —salud (8,5 %), pensión (12 %), parafiscales y provisiones de cesantías y primas— encarecen aún más la nómina, y que en un entorno de baja productividad cualquier incremento por encima del 8-10 % dispararía la inflación. El CNU, por su parte, insiste en que el debate «debe considerar, junto con los datos económicos, las condiciones sociales y laborales de quienes dependen de la remuneración mínima», citaron voceros, y advirtieron que defenderán los avances alcanzados y rechazarán retrocesos en derechos laborales. Con 2,2 millones de pensionados en Colombia —según datos de los ministerios de Trabajo y Hacienda— la discusión trasciende a los trabajadores activos, y la expectativa se mantiene a la espera de la convocatoria oficial que dará inicio a la negociación formal.
