La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha emitido una alerta contundente sobre el creciente uso de acciones judiciales en Colombia contra periodistas y medios de comunicación, con el fin de hostigar e intimidar a quienes ejercen su labor informativa y de opinión. En los casos más recientes destacan los procesos iniciados contra la periodista exiliada Lorena Beltrán y la columnista Ana Bejarano Ricaurte, ambos vinculados a investigaciones y críticas de interés público que han derivado en demandas, tutelas y procesos reiterados conocidos como SLAPPs o acoso legal.
Lorena Beltrán, quien investigó a cirujanos plásticos que operaban sin los requisitos legales necesarios, ha enfrentado cuatro acciones de tutela previas y ahora un nuevo proceso notificado el 31 de diciembre de 2025, extendido incluso al país donde reside en exilio. Por su parte, Ana Bejarano Ricaurte publicó el 11 de enero una columna en la que cuestionó la trayectoria del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su relación con el empresario Alex Saab, lo que desencadenó acciones judiciales similares. Estas demandas buscan no solo censurar, sino también intimidar y dificultar el trabajo periodístico, generando un patrón que afecta la libertad de prensa en Colombia, según denuncia la SIP junto a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
Denuncia de la SIP contra el abuso judicial
Pierre Manigault, presidente de la SIP, y Martha Ramos, presidenta de su Comisión de Libertad de Prensa e Información, han calificado estas prácticas como un uso abusivo del sistema judicial destinado a castigar voces críticas y desalentar investigaciones de evidente interés público.
“este tipo de acciones reiteradas constituyen un uso abusivo del sistema judicial con el propósito de castigar y silenciar voces críticas, así como de desalentar investigaciones y opiniones de evidente interés público”
Pierre Manigault, presidente de la SIP
El impacto de estos procesos va más allá de los afectados directos, generando temor por la seguridad de los periodistas, autocensura y un desgaste emocional y económico que restringe el derecho ciudadano a acceder a información plural y oportuna. Manigault enfatizó que el hostigamiento judicial vulnera este derecho fundamental, mientras Ramos subrayó la incompatibilidad de la instrumentalización judicial con los principios democráticos y los estándares interamericanos de libertad de expresión.
“el hostigamiento judicial no solo vulnera el derecho de los periodistas a ejercer su labor sin presiones indebidas, sino que también restringe el derecho de la ciudadanía a acceder a información plural y oportuna”
Pierre Manigault, presidente de la SIP
“la instrumentalización del aparato judicial como mecanismo de intimidación resulta incompatible con los principios democráticos y con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP
En respuesta, la SIP insta a las autoridades colombianas a evitar el uso del sistema judicial para perseguir periodistas y llama a jueces y fiscales a apegarse a estándares internacionales como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH y el Décimo Principio de la Declaración de Chapultepec, protegiendo así la democracia y el flujo libre de información en el país.
