La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reveló que 293.743 familias han resultado afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, cuyos efectos principales se concentraron en Cali, Pereira y Manizales, mientras que el epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó. Sin embargo, un análisis académico liderado por Javier Aceros, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura (sede Bogotá), advierte que esta cifra oficial podría ser apenas la punta del iceberg, pues muchos damnificados no se reportan ante las autoridades por «vergüenza» o negación de su nueva condición de vulnerabilidad.
Los reportes oficiales, emitidos el 18 de agosto, el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2026, evidencian la magnitud de la catástrofe que sacudió al Eje Cafetero y el suroccidente del país. No obstante, la investigación del docente Aceros pone el foco en un fenómeno denominado «pobreza oculta», que afecta especialmente a personas de zonas urbanas que residían en edificios en altura y que, tras perder sus viviendas y bienes a causa del sismo, enfrentan una situación económica precaria. Esta condición, sumada a un historial de estabilidad o clase media, genera una barrera psicológica que les impide solicitar las ayudas estatales disponibles, ya que asocian la asistencia humanitaria con un estigma de pobreza del cual no se sienten parte.
La barrera psicológica de los damnificados
El análisis académico profundiza en las razones por las cuales miles de personas optan por el silencio ante los organismos de socorro. Según Aceros, la «vergüenza» y la negación operan como mecanismos de defensa frente a una realidad que cambió drásticamente la vida de estas familias. La pérdida repentina de su estatus socioeconómico, representado a menudo en apartamentos con créditos hipotecarios o condominios, genera un conflicto interno que los lleva a aislarse y no buscar el auxilio que el Estado ha dispuesto para la emergencia.
«Muchas personas no se reportan porque no logran asimilar que ahora son vulnerables. Hay una negación del nuevo estatus y una vergüenza asociada a tener que pedir ayuda, especialmente cuando provienen de sectores donde la autosuficiencia es un valor central», explicó Javier Aceros.
Javier Aceros, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura (sede Bogotá)
Esta situación representa un desafío adicional para la Ungrd y las alcaldías de ciudades como Cali, Pereira y Manizales, que han desplegado censos y brigadas de atención para identificar a todos los damnificados. Las autoridades locales ya han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que el subregistro de afectados pueda desvirtuar la magnitud real de la emergencia y, en consecuencia, la asignación de recursos para la reconstrucción de las zonas más golpeadas por el terremoto del 10 de agosto.
