El Ministerio de Defensa de Colombia ha revelado, mediante un informe oficial, graves irregularidades en la adquisición y control de repuestos para los vehículos blindados M113A2, conocidos como “Oruga”, y ASV M117 4×4, donados por Estados Unidos al Ejército Nacional. La auditoría detectó sobrecostos de hasta el 961% en dólares, compras irregulares con falta de trazabilidad, repuestos de segunda mano sin identificación adecuada, documentos sin firmas y omisiones en la publicación en Secop II, lo que ha llevado a remitir el caso a la Fiscalía 218 contra la administración pública. Estas deficiencias involucran a la Dirección de Adquisiciones del Ejército Nacional y se compararon precios entre 2023 y 2024, comprometiendo la seguridad de los soldados en zonas de conflicto.
Entre las cifras más alarmantes destaca el enfriador para radiador de motor, cotizado en 3.142 dólares en 2023, pero adquirido por 30.184 dólares y 30.188 dólares en dos contratos de 2024, evidenciando incrementos desproporcionados. Además, se identificaron cotizaciones idénticas con la misma fecha y la aceptación de elementos intercambiables, a pesar de la exigencia de piezas nuevas certificadas, junto con deficiencias en la planeación y supervisión contractual que podrían configurar delitos como interés indebido en contratos y compras irregulares.
Contexto de los vehículos donados y riesgos operativos
Estos blindados forman parte de un apoyo de Estados Unidos que, desde 2021, supera los 117 millones de dólares, incluyendo la entrega de 145 unidades M1117 destinadas a recuperar capacidades tras ataques en regiones críticas como El Plateado en Cauca, Catatumbo, Arauca, Nariño y Bajo Cauca. El informe, revelado por el medio Semana a partir de documentos oficiales del Ministerio de Defensa, subraya los riesgos operativos por fallas mecánicas en zonas de conflicto, lo que compromete la sostenibilidad de los equipos y pone en peligro la vida de los militares.
Las irregularidades no solo afectan la eficiencia del Ejército Nacional, sino que generan preocupación por la posible corrupción en la gestión de recursos vitales para la defensa del país, exigiendo una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía para esclarecer responsabilidades y garantizar la transparencia en futuras adquisiciones.
