Un soldado adscrito al Batallón de Infantería N.º 22 Ayacucho de Manizales enfrenta un proceso judicial en Chinchiná, Caldas, por presuntos delitos de maltrato físico, psicológico y económico, así como amenazas contra su expareja sentimental. La denuncia incluye la grave acusación de haber ordenado el asesinato de la mujer a través de un sicario, un plan que se frustró cuando el presunto homicida se arrepintió y alertó a la víctima.
La relación entre el militar y la denunciante se extendió por aproximadamente diez años, pero los últimos tres estuvieron marcados por episodios de violencia física y emocional que se intensificaron con el consumo de alcohol por parte del agresor. Las agresiones continuaron incluso después de la separación, y las pruebas recopiladas por la Fiscalía incluyen testimonios, videos de cámaras de seguridad que registraron las agresiones, y audios en los que el soldado profiere amenazas de muerte, como decirle a la víctima que «si llegaba a verla con otra persona» acabaría con su vida.
El arrepentimiento del sicario y el proceso judicial
El caso dio un giro inesperado cuando el supuesto sicario, quien conocía a la víctima, se arrepintió de cumplir la orden y decidió advertir a la mujer el 2 de mayo de 2026, según consta en los expedientes judiciales. Ante la gravedad del riesgo, la Comisaría de Familia ya había ordenado medidas de protección en 2025, pero el soldado las incumplió, lo que llevó a su captura y reclusión preventiva desde septiembre de ese mismo año. A pesar de que la defensa solicitó la libertad del acusado mientras se tramita un posible principio de oportunidad, la juez del caso negó la petición por considerar que la víctima continúa en riesgo.
El proceso ha generado preocupación en las autoridades y organizaciones de derechos de las mujeres, que ven en este caso un reflejo de las fallas en el cumplimiento de las medidas de protección en contextos de violencia de género. La Fiscalía del caso señaló que «durante mucho tiempo se trabajó para que se garantizaran los derechos de la víctima y se actuara con prontitud antes de que algo más grave ocurriera», destacando la importancia de la intervención oportuna para evitar desenlaces fatales.
«Durante mucho tiempo se trabajó para que se garantizaran los derechos de la víctima y se actuara con prontitud antes de que algo más grave ocurriera»
Fiscal del caso
El principio de oportunidad y la próxima audiencia
El soldado ha solicitado acogerse a un principio de oportunidad, un mecanismo legal que le permitiría evitar una condena plena a cambio de someterse a terapias por alcoholismo y otras condiciones. La víctima ha manifestado su disposición a aceptar este acuerdo siempre que se garantice el tratamiento y la no reincidencia del agresor. Sin embargo, la Fiscalía ha aclarado que la aceptación del principio de oportunidad no implica una declaración de culpabilidad y que será un juez quien determine la responsabilidad penal del militar. La próxima audiencia está programada para el 30 de julio, donde se evaluará si se concede este beneficio o se avanza hacia una sentencia definitiva que podría incluir la condena por los delitos de maltrato y amenazas, así como por el presunto encargo de sicariato.
