En una contundente intervención pública, el representante Jaime Arizabaleta solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que investigue al expresidente Gustavo Petro por su presunta responsabilidad en la instigación que derivó en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido hace un año en Bogotá. Arizabaleta argumentó que, más allá de los autores materiales ya condenados, existe una deuda de la justicia con los autores intelectuales y señaló directamente al exmandatario como parte de un clima de violencia política previo al magnicidio.
El crimen, que conmocionó al país, se perpetró el 7 de junio de 2025 en un parque público de Bogotá, cuando un adolescente de 14 años atacó a tiros al senador Uribe Turbay, quien en ese momento realizaba un acto público como aspirante a la presidencia. El político de 39 años recibió tres disparos y, tras permanecer 64 días internado en un centro hospitalario, falleció en agosto del mismo año. Las investigaciones judiciales permitieron identificar y condenar a los responsables materiales y logísticos, con penas que oscilan entre los 20 y 26 años de prisión, mientras que el menor atacante recibió la máxima condena legal para adolescentes, establecida en siete años en un centro de reclusión juvenil.
Señalamientos directos contra el expresidente
Durante su alocución, Arizabaleta fue enfático al establecer una conexión directa entre la retórica del expresidente Petro y el contexto que precedió al asesinato. “Hacer un llamado hoy a que la Fiscalía tome cartas en el asunto, porque solamente ha tomado cartas en el asunto con los autores materiales y no con los autores intelectuales”, declaró el representante, quien agregó que “aquí también hay una responsabilidad política”. En un tono que buscaba rememorar los episodios previos al magnicidio, Arizabaleta afirmó que Petro “expuso cuarenta y tres tiros contra Miguel Uribe Turbay, exponiéndolo día y noche, diciendo que el abuelo de Miguel era un genocida”.
«La justicia tiene que interrogar a Gustavo Petro Urrego»
Jaime Arizabaleta, representante
El representante también evocó el ambiente político de la época, señalando que “recuerda Colombia cómo ondeaba esa bandera de guerra a muerte y salía en plaza pública, en las tarimas, desencajado, diciendo que los congresistas que se oponían a sus reformas no pasarían”, y atribuyó a Petro la frase “¡No pasarán!”. Estas declaraciones buscan poner en el centro del debate la responsabilidad de quienes, según Arizabaleta, crearon un clima de hostilidad que facilitó el ataque contra el senador.
Un caso que expone fallas de seguridad e impunidad
El asesinato de Miguel Uribe Turbay no solo reveló un entramado criminal que involucró pagos millonarios y la participación de una organización armada disidente, la Segunda Marquetalia, sino que también puso en evidencia graves deficiencias en los protocolos de protección a líderes políticos. Se registraron decenas de solicitudes de refuerzo policial que no fueron atendidas antes del atentado, un hecho que ha sido objeto de críticas por parte de la familia del senador, que continúa exigiendo justicia. Aunque los responsables materiales del crimen fueron condenados, los autores intelectuales, identificados como miembros de la Segunda Marquetalia, permanecen prófugos con órdenes de captura internacional, refugiados en la frontera con Venezuela.
Este nuevo capítulo en el proceso judicial del caso Uribe Turbay genera un intenso debate nacional sobre la seguridad de los líderes políticos y la lucha contra la impunidad. La solicitud de Arizabaleta, que apunta directamente a la cúpula del poder, pone a prueba la capacidad de la Fiscalía para investigar a figuras de alto rango y determinar si existe una línea de responsabilidad que trascienda a los ejecutores materiales del crimen.
