En Colombia, grupos de abogados y promotores independientes han inundado redes sociales como TikTok con ofertas masivas que prometen «quedar libre de deudas», fomentando la solicitud de nuevos créditos justo antes de pedir insolvencia, lo que ha disparado las peticiones bajo la Ley de Insolvencia actualizada en 2025. Este fenómeno, denunciado por figuras como Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, y el Banco Popular, distorsiona el propósito de la norma al promover prácticas fraudulentas que reducen los requisitos a solo el 30% de las obligaciones y permiten una suspensión temporal de pagos para negociar con acreedores.
De enero a octubre de 2025 se registraron 15.110 solicitudes de insolvencia, con proyecciones que alcanzan las 18.000 al cierre de diciembre, un aumento que no se explica únicamente por el deterioro financiero general, según reportes de la Revista Semana. El Banco Popular ha identificado indicios de fraude en el 60-70% de sus casos, lo que ha llevado a denunciar a 15 personas y preparar 17 acciones legales, en medio de una publicidad engañosa que incentiva a los deudores a endeudarse dos o tres meses antes de la solicitud para maximizar la liquidación patrimonial, cobrando incluso un porcentaje de los créditos por parte de estos promotores.
Abuso de la flexibilización legal
La actualización de la Ley de Insolvencia en 2025, que bajó el umbral de incapacidad al 30% de las obligaciones, buscaba facilitar la reestructuración de deudas, pero ha generado un abuso masivo impulsado por estas campañas en redes sociales. Asobancaria advierte sobre una red de incentivos dirigida a personas vulnerables, mientras expertos recomiendan buscar orientación formal en lugar de caer en estas trampas que generan reportes negativos en Datacrédito y TransUnion, procesos civiles, patrimoniales y penales, además de la pérdida total de acceso a nuevos créditos.
«Quedar libre de deudas»
Mensajes en TikTok de abogados y promotores
«Pasar diciembre sin obligaciones»
Mensajes en TikTok de abogados y promotores
Este panorama alarmante pone en jaque la estabilidad financiera del país y subraya la necesidad de mayor regulación en plataformas digitales, donde la promesa de alivio inmediato oculta riesgos graves para los consumidores y el sistema bancario colombiano.
