Diez años después de la firma del Acuerdo Final de Paz, la reparación integral de las víctimas sigue siendo una promesa incumplida para la gran mayoría. Un balance presentado el 11 de noviembre de 2026 por la Defensoría del Pueblo, a cargo de Iris Marín Ortiz, revela que apenas el 4,6 por ciento de los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos ha logrado culminar su plan de reparación. Esto significa que solo 63 procesos de este tipo han llegado a su fin, mientras que la deuda del Estado con las comunidades persiste.
Durante la Audiencia Defensorial “La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional”, realizada en Bogotá, la defensora presentó el informe “Las víctimas en el centro, un compromiso constitucional: diez años del acuerdo de paz”. El documento examina los resultados de la implementación del acuerdo desde su firma, en noviembre de 2016, y pone en evidencia los obstáculos que aún impiden garantizar los derechos de las víctimas. “La reparación es una obligación, no un gesto”, afirmó Marín Ortiz, al detallar que ocho de cada diez víctimas no han accedido a atención psicosocial y que tres de cada cuatro personas desplazadas no han superado su situación de vulnerabilidad.
Retrocesos en derechos y seguridad
Los datos del balance son contundentes. En materia de retorno, reubicación e integración, de los 1.068 planes existentes, 912 están aprobados, lo que equivale al 85,4 por ciento, pero el 60,8 por ciento de esos planes avanza con un cumplimiento igual o inferior al 25 por ciento. Solo 31 planes, un 2,9 por ciento, han completado las acciones previstas. La situación del desplazamiento forzado es aún más crítica: el 77,3 por ciento de las personas evaluadas no ha logrado superar su condición de vulnerabilidad. En paralelo, los confinamientos pasaron de afectar a 18.603 personas en 2017 a 128.825 en 2025, y los desplazamientos masivos saltaron de 12.841 a 107.924 en el mismo período.
La atención psicosocial, un pilar fundamental de la reparación, ha tenido un comportamiento errático. Frente a un universo de 7.855.016 sujetos, el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi) ha registrado solo 1.120.915 procesos de atención en trece años. Las cifras anuales fluctuaron drásticamente: de 133.704 atenciones en 2017, cayeron a 26.165 en 2022, para luego repuntar a 201.207 en 2024. La Defensoría señala que persisten desigualdades territoriales y falta de información, especialmente para las víctimas de violencia sexual.
En el capítulo de seguridad, el informe registra que 521 firmantes de paz han sido asesinados desde 2016 y que entre enero de ese año y junio de 2026 se cometieron 1.743 homicidios de defensores de derechos humanos. La reincorporación también muestra una disminución: de más de 14.100 firmantes en 2017, alrededor de 11.000 continúan en el proceso una década después.
“Poner a las víctimas en el centro significa, primero, que no hay víctimas de primera y víctimas de segunda. La madre de un soldado ejecutado y la madre de un muchacho reclutado por la guerrilla lloran igual. El secuestrado y el desplazado esperan igual. El acuerdo no se firmó para una sola orilla del dolor y la Defensoría no puede acompañar a una sola orilla”
Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo
Avances parciales y desafíos estructurales
A pesar del panorama crítico, el informe también registra algunos avances. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha abierto once macrocasos y emitido cinco condenas, en las que se han reconocido a más de 21.000 víctimas de secuestro, 18.677 niños reclutados y 35.178 víctimas de violencia sexual y basada en género. En formalización de tierras, se han titulado 3.349.711,66 hectáreas, lo que representa el 47,85 por ciento de la meta establecida. La pobreza multidimensional rural en los municipios PDET se redujo del 47,2 por ciento en 2018 al 26,1 por ciento en 2025, aunque la Defensoría advierte que esta mejora no es atribuible exclusivamente al acuerdo.
El enfoque de género, uno de los pilares transversales del acuerdo, presenta un cumplimiento muy bajo: solo el 13 por ciento de las 130 disposiciones monitoreadas tenía implementación completa en noviembre de 2025. Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo insiste en que el cumplimiento del acuerdo es una obligación constitucional que debe mantenerse más allá de los cambios de gobierno. Entre las recomendaciones del informe se destaca la necesidad de acelerar los planes de reparación colectiva, articularlos con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los procesos de retorno y la restitución de tierras, así como fortalecer la prevención y protección de defensores y firmantes, y cumplir con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. “Poner a las víctimas en el centro es un compromiso constitucional que no puede esperar una década más”, concluyó la defensora.
