La Veintitrés Manizales presenta una noticia que mantiene en el centro del debate social colombiano a la activista Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia. El colectivo Somos Jacarandas sostiene que la condena de la influencer debería cumplirse en casa, junto a su hija, y no en prisión, y ha presentado una tutela para influir en la decisión de la Corte Suprema de Justicia, con un análisis centrado en la perspectiva de género y la posibilidad de revisar la medida de encierro ante la ley. Este movimiento llega tras una serie de antecedentes y movimientos de defensa que buscan abrir un debate sobre la aplicación de la pena y el tratamiento diferencial según condiciones de maternidad y clase social.
Daneidy Barrera Rojas, a quien la opinión pública sigue mayoritariamente por su seudónimo Epa Colombia, fue trasladada el 21 de agosto de 2025 desde la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor, en la zona de Barrios Unidos, a la Guarnición Militar de Carabineros en Bogotá. En paralelo, Carolina Benítez Mendoza, subdirectora de Somos Jacarandas, ha sido la vocera de este colectivo que difundió un video analizando la evolución pública y judicial del caso a través de sus redes. La condena vigente establece 63 meses y 15 días de prisión, y la iniciativa de la tutela presentada a finales de septiembre de 2025 aboga por una revisión que permita, con perspectiva de género, considerar la posibilidad de que la pena se cumpla en casa. Los defensores de la causa destacan que la discusión podría sentar precedentes sobre cuándo corresponde prisión versus casa por cárcel en Colombia, especialmente en contextos de maternidad y desigualdad de trato.
La tutela y el marco de la discusión
Según el planteamiento de Somos Jacarandas, la tutela busca influir en la decisión de la Corte Suprema sobre la prisión de Epa Colombia, además de insertar el debate en una revisión con perspectiva de género solicitada ante la Corte Constitucional. En el contexto legal, la discusión cobra relevancia por la diferencia entre casos de personas con recursos que pueden pagar prisión domiciliaria y casos como el de Daneidy Rojas, quien es madre de una hija y proviene de un entorno de clase trabajadora, según las declaraciones del colectivo. En el plano práctico, la historia está marcada por un traslado clave en agosto y una lectura de fallo que, según el cronograma oficial, fue realizada por un magistrado de la Corte Suprema a finales de enero de 2025, lo que añade complejidad al proceso y al debate público sobre el tratamiento penal de este tipo de casos.
«Oigan, ¿qué pasó con Epa Colombia? Epa Colombia es una persona que parece que se volvió famosa de la noche a la mañana y su popularidad fue algo sin precedentes porque una mujer de clase trabajadora, lesbiana, normalmente en Colombia no se vuelve famosa» – Carolina Benítez Mendoza, Subdirectora de Somos Jacarandas
«Por eso todo el mundo quedó en shock cuando, de un momento a otro, le metieron un cargo por terrorismo y la metieron a la cárcel. Porque, vean, digan lo que ustedes digan de ‘Epa’, les caiga bien o les caiga mal, prácticamente todo Colombia estaba de acuerdo en que esto era una exageración» – Carolina Benítez Mendoza, Subdirectora de Somos Jacarandas
«Especialmente en el contexto colombiano, en el que tenemos tanto hacinamiento en las cárceles, en el que hay tanta impunidad y en el que hombres ricos y poderosos con cargos muchísimo más graves pueden pagar casa por cárcel, pero Daneidy Rojas, que tiene una hija, que es una mujer lesbiana de un contexto de clase trabajadora, de repente queda privada de la libertad y no puede ejercer su maternidad» – Carolina Benítez Mendoza, Subdirectora de Somos Jacarandas
«Porque no puede ser que en Colombia hay unos políticos por ahí que han hecho hasta pa’ vender y que están en la calle o están en sus casas y Daneidy no puede ver a su hija crecer. Porque independientemente de lo que ustedes piensen de Daneidy como persona, este precedente es muy peligroso para todas las personas que alguna vez hemos marchado por una injusticia» – Carolina Benítez Mendoza, Subdirectora de Somos Jacarandas
«Así que por favor, ayúdennos a compartir este video para que ojalá seleccionen el caso, lo revisen, ojalá con perspectiva de género» – Carolina Benítez Mendoza, Subdirectora de Somos Jacarandas
Entre los hechos relevantes, la defensa de la casa por cárcel se apoya en la idea de que la condena de 63 meses y 15 días debe considerarse en un marco de derechos maternales y de reducción de hacinamiento carcelario. El colectivo señala, además, el simbolismo de la figura de una mujer joven que tomó notoriedad pública por su activismo y, al mismo tiempo, enfrenta una condena que, a juicio de Somos Jacarandas, dista de aplicar criterios razonables si se compara con otros casos de personas con recursos que acceden a medidas alternativas de cumplimiento de pena. En el contexto de la historia, Epa Colombia habría participado en el estallido social de 2019, eventuales daños a una estación de Transmilenio y pagó una multa por esos daños, datos que el colectivo sitúa dentro de un marco de antecedentes que deben ser ponderados con perspectiva de género y justicia social.
Lo ocurrido plantea un debate público sobre la manera en que se aplica la ley y si existen diferencias significativas en el tratamiento para personas con menos recursos frente a figuras con mayor respaldo institucional. La tutela presentada a finales de septiembre de 2025, junto con el apoyo y difusión de Somos Jacarandas en redes sociales, amplía la discusión sobre la necesidad de incorporar la maternidad y la perspectiva de género en la evaluación de sentencias y medidas de cumplimiento de penas en Colombia, un tema que podría influir en resoluciones futuras y en la interpretación de la prisión versus la casa por cárcel.
En este punto, la historia continúa en desarrollo, y la opinión pública observa de cerca si la tutela conducirá a una revisión de la decisión judicial, así como a un replanteamiento más amplio de las políticas de seguridad y justicia que afecten a madres trabajadoras y a comunidades vulnerables. Este caso, que ya ha generado un significativo entusiasmo en redes y entre defensores de derechos, podría convertirse en un referente para futuras decisiones judiciales y en un estímulo para discutir reformas orientadas a la equidad de género en el sistema penal colombiano.
