La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia aumentó a 33 años y cuatro meses de prisión la condena contra Mateo Sepúlveda Jaramillo por el homicidio de su hijastro de dos años y cinco meses, ocurrido en septiembre de 2017 en el barrio Cristo Rey de Medellín. La decisión, adoptada el 14 de octubre de 2026, restableció el agravante por indefensión de la víctima que el Tribunal Superior de Medellín había eliminado, lo que incrementó la pena en más de once años respecto a la impuesta por ese tribunal, que era de poco más de 22 años. La Corte dejó en firme la responsabilidad penal de ambos procesados, aunque solo modificó la sanción para Sepúlveda Jaramillo.
El caso se remonta a septiembre de 2017, cuando el menor fue hallado sin vida en una vivienda del barrio Cristo Rey, con signos de asfixia y un grave cuadro de maltrato físico. La investigación determinó que el niño no pudo defenderse de la agresión de un adulto debido a su corta edad, una circunstancia que inicialmente fue considerada como agravante en primera instancia, donde la condena alcanzó 37 años y seis meses de prisión. Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín eliminó ese agravante al revisar el fallo, rebajando la pena a poco más de 22 años, lo que motivó la intervención de la Procuraduría General de la Nación.
La postura de la Procuraduría y el fallo de la Corte
El Ministerio Público sostuvo que la edad del menor, de apenas dos años y cinco meses, impedía que pudiera defenderse de la agresión de un adulto, por lo que cuestionó la decisión del Tribunal de eliminar el agravante por indefensión. La Corte Suprema acogió ese planteamiento y restableció el agravante, fijando la nueva pena en 400 meses de prisión, es decir, 33 años y cuatro meses. Así, la condena final para Sepúlveda Jaramillo quedó muy por debajo de la inicial de primera instancia, pero significativamente por encima de la que había impuesto el Tribunal. La madre del niño, que también fue procesada, mantuvo su condena de 32 meses de prisión, sin modificaciones por parte de la Corte.
El fallo de la Sala de Casación Penal dejó en firme la responsabilidad de ambos procesados y subrayó la vulnerabilidad extrema de la víctima, un niño de dos años que no tenía capacidad alguna para oponerse a la violencia ejercida por un adulto. La decisión se produjo luego de que la Procuraduría insistiera en que eliminar el agravante desconocía la condición de indefensión del menor, un criterio que finalmente prevaleció en la más alta instancia judicial.









