Dos subintendentes de la Policía Nacional fueron enviados a prisión domiciliaria por su presunta participación en un acto de corrupción ocurrido en Medellín. Los uniformados Bryan Stiven Arango Álvarez y Jhonny Alejandro Casas Cardozo son señalados de haber exigido dinero a un ciudadano a cambio de no inmovilizar una motocicleta que estaba reportada como robada. Los hechos se registraron en la madrugada del 16 de octubre de 2025, en inmediaciones del barrio Trinidad, y fueron dados a conocer por la Fiscalía General de la Nación.
Según la investigación, los policías detuvieron a un hombre que conducía una moto con reporte de hurto y, durante el procedimiento, detectaron que el pase de conducción del ciudadano también era falso. En lugar de aplicar las sanciones correspondientes, uno de los subintendentes le indicó que para evitar la inmovilización debía pagar una suma de dinero bajo el pretexto de comprar combustible para la camioneta policial. La víctima realizó la consignación en una cuenta bancaria facilitada por el mismo uniformado, tras lo cual fue trasladado a la estación policial de Belén.
Presunción de cohecho y lucha contra la corrupción
La Fiscalía imputó a los dos subintendentes el delito de cohecho, por aprovecharse de su cargo para solicitar pagos indebidos. La medida de prisión domiciliaria fue impuesta por un juez de control de garantías, mientras avanzan las diligencias judiciales. Este caso se suma a otros episodios de corrupción en las fuerzas de seguridad que buscan ser erradicados mediante procesos disciplinarios y penales. Las autoridades no revelaron el monto exigido ni el número de víctimas, pero confirmaron que la investigación continúa para esclarecer si existieron más afectados por esta misma práctica.
