domingo, 22 de noviembre de 2026 Manizales · Caldas · Colombia

Subrogación internacional en Colombia llegaría a 2.100 acuerdos en 2025 sin ley que la regule

Redacción

5 min

Colombia podría cerrar 2025 con hasta 2.100 acuerdos de gestación subrogada internacional, una cifra que casi duplica los cerca de 1.600 registrados en 2021 y que confirma el crecimiento sostenido de una actividad que, en el país, nunca ha sido prohibida ni regulada de manera específica. La estimación, divulgada por el medio británico The Economist y atribuida a William Houghton, miembro de la consultora Sensible Surrogacy, describe un mercado que se consolidó como destino para parejas extranjeras —muchas de ellas homosexuales— en busca de alternativas más accesibles y con menos restricciones que las que encuentran en sus países de origen.

El fenómeno se explica, en buena medida, por los precios. Un programa completo en Colombia ronda los 65.000 dólares, mientras que en México cuesta alrededor de 110.000 y en Estados Unidos llega a los 200.000. A esa ventaja económica se suman la interrupción de los mercados de Ucrania y Georgia tras la invasión rusa de 2022, la diversidad étnica de la población colombiana —que facilita encontrar donantes de óvulos con rasgos similares a los futuros padres— y la ausencia de una ley que fije condiciones, límites o controles sobre la práctica.

De una actividad «minúscula» a un mercado en expansión

Mark Semple, director del grupo médico ReproVida, organización que instaló su operación en Colombia en 2018, recuerda que el volumen de trabajo era mínimo en esos primeros años y que el despegue llegó después. Buena parte de las parejas homosexuales que hoy llegan a las clínicas de fertilidad en Bogotá y otras capitales lo hacen por recomendaciones personales, un mecanismo que ha alimentado el boca a boca entre comunidades de padres en el exterior.

«La actividad era minúscula cuando instalamos la organización en Colombia en 2018»

Mark Semple, director del grupo médico ReproVida

El marco jurídico sobre el que se sostiene todo el negocio es una decisión de la Corte Constitucional de 2009, que determinó que en Colombia no existían leyes que prohibieran la gestación subrogada. Aquel fallo recomendó, además, que las gestantes no aportaran sus propios óvulos y que los acuerdos no estuvieran motivados por el lucro, condiciones que nunca fueron incorporadas a la legislación. Ese vacío permite que agencias y clínicas operen con soltura, pero deja a padres y gestantes expuestos a decisiones judiciales contradictorias.

El caso más reciente que ilustra esa inseguridad jurídica ocurrió en Medellín, donde una gestante se negó a entregar al bebé a su padre biológico, obtuvo inicialmente la custodia y luego perdió esa determinación ante un tribunal de apelaciones. A ello se suma el desgaste del propio modelo: el aumento de la demanda volvió más difícil encontrar mujeres que cumplan los requisitos. Según un abogado colombiano del sector, apenas uno de cada diez postulantes a gestante es aceptado en los centros con los que trabaja, y mientras antes vincular a los futuros padres con una gestante tomaba unos cuatro meses, hoy la espera puede extenderse hasta un año.

Denuncias, filtros débiles y mujeres en situación de vulnerabilidad

La falta de supervisión estatal ha dado lugar a señalamientos concretos. Entre las prácticas denunciadas figuran la aceptación de mujeres que presuntamente no superaron las evaluaciones médicas o psicológicas, o la decisión de prescindir por completo de esos filtros. Las debilidades afectan especialmente a mujeres de zonas empobrecidas, como Cúcuta, cerca de la frontera venezolana, donde algunas clínicas captan por redes sociales a personas en situaciones financieras desesperadas. Migrantes venezolanas han relatado que les pidieron firmar contratos en inglés que no podían comprender, que algunos acuerdos habrían limitado sus desplazamientos, su alimentación o sus relaciones sexuales, y que en otros casos se intentó negarles el derecho al aborto, protegido por la Constitución colombiana.

Desde la sociedad civil, Alejandra Vera, de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, ha advertido repetidamente sobre la mercantilización del cuerpo de las mujeres y la asimetría de poder entre quienes contratan y quienes gestan. El abogado Santiago Martínez, de Martínez Díaz & Asociados, coincide en que la ausencia de reglas claras es el problema de fondo, y en que la actividad crece mientras el Congreso no logra ponerse de acuerdo.

El intento legislativo más reciente ocurrió en julio de 2026, cuando el Congreso aprobó una ley que incorporó la «explotación reproductiva» entre las formas de explotación contempladas en la legislación contra la trata de personas. Un mes después se presentó un proyecto para prohibir por completo la gestación subrogada. Ninguna de esas iniciativas ha cerrado el debate, y en las últimas dos décadas más de una docena de proyectos para regular la práctica fracasaron. La oposición proviene de sectores feministas de izquierda, que denuncian la mercantilización del cuerpo de las mujeres, y de conservadores religiosos de derecha, que advierten un debilitamiento de la familia tradicional; esa combinación hace que una prohibición total parezca improbable.

Mientras el Parlamento discute, el mercado sigue funcionando. Buena parte de América Latina no desarrolló mercados internacionales de este tipo por restricciones legales, lo que convirtió a Colombia en una excepción regional. Los casos se multiplican entre parejas que no encuentran opciones en Europa, como Mark y su esposo, residentes en Irlanda, quienes recurrieron a Bogotá porque la gestación subrogada comercial no está disponible en su país. La historia se repite en clínicas de fertilidad que organizan donación de óvulos, fertilización in vitro, gestante y servicios legales en un solo paquete, mientras las cifras oficiales no existen y las estimaciones —como las 2.100 de Houghton— son lo más cercano a un diagnóstico de un fenómeno que ya transformó la vida de cientos de familias y de mujeres que, en muchos casos, lo asumen como su única salida económica.

Redacción

Periodista de La Veintitrés.

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