La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, expresó su apoyo irrestricto a 16 funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionados en primera instancia por la Procuraduría General de la Nación por presunta extralimitación de funciones durante visitas administrativas realizadas entre el 12 y el 21 de marzo de 2024. Entre los afectados se encuentran el superintendente delegado para la protección de la competencia en 2024, Francisco Melo Rodríguez, los funcionarios Franco Vanegas, Fandiño Vergara y Hernández Alonso, así como 12 contratistas. Rusinque hizo público su respaldo mediante un video publicado en sus redes sociales en la cuenta @cielo_rusinque en la plataforma X, defendiendo las acciones de su equipo en inspecciones llevadas a cabo en la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus Fondos Rotatorios.
Estas visitas administrativas buscaban verificar posibles prácticas fraudulentas en contratos relacionados con la empresa Thomas Greg & Sons, vinculados a la expedición de cédulas y pasaportes. Sin embargo, la Procuraduría determinó que el equipo comisionado incurrió en extralimitación al solicitar acceso a celulares personales e institucionales, incluyendo el denominado «El Despacho», para extraer información sensible mediante espejos forenses, lo que afectó derechos como la intimidad y el habeas data, abarcando censos electorales, historiales clínicos, procesos judiciales e implicaciones en reservas legales para casos de extradición y refugio. Las sanciones impuestas incluyen suspensiones e inhabilidades de nueve meses para los funcionarios Franco Vanegas, Fandiño Vergara y Hernández Alonso, multas equivalentes a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los 12 contratistas, inhabilidades de hasta cinco años para contratar con el Estado y ejercer cargos públicos, con sanciones económicas que alcanzan los 130 millones de pesos para algunos de los afectados.
Respaldo institucional y defensa de la legalidad
En su mensaje, Rusinque ratificó su apoyo como líder de la institución, destacando la amplia trayectoria de los involucrados y argumentando que actuaron bajo protocolos y estándares avalados previamente por autoridades judiciales y la jurisprudencia colombiana, ajustándose al marco legal y constitucional vigente para combatir la corrupción económica.
«Quiero expresar mi apoyo irrestricto a los funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio que fueron sancionados en primera instancia por la Procuraduría General de la Nación. Su falta: haber respetado con rigor y alta consciencia ética y jurídica los mandatos constitucionales y legales que desde siempre han regulado las visitas administrativas que se realizan en esta entidad para combatir la corrupción económica.»
Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio
La superintendente enfatizó el impacto severo de estas medidas disciplinarias en el derecho al trabajo de los sancionados y en la institución misma, al limitar facultades esenciales empleadas históricamente en beneficio de consumidores, ciudadanos e interés general.
«Como líder de esta institución, ratifico mi respaldo a los funcionarios y contratistas involucrados. La mayoría cuenta con amplia trayectoria en la entidad, siempre bajo los mismos protocolos y estándares, los cuales han sido avalados en distintas oportunidades por autoridades judiciales y la jurisprudencia. Consideramos que su actuación se ajustó al marco legal y constitucional vigente en Colombia.»
Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio
«La sanción recibida implica inhabilidades para ejercer cargos públicos por hasta cinco años y sanciones económicas que alcanzan los ciento treinta millones de pesos para algunos de los afectados. Se trata de una decisión disciplinaria que impacta severamente el derecho al trabajo de quienes, en cumplimiento de sus funciones, actuaron dentro de la legalidad.»
Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio
Los funcionarios y contratistas afectados ejercerán su derecho a la defensa en segunda instancia, con la confianza de Rusinque en que la Procuraduría revalúe y archive la investigación, aunque la medida ya ha generado un daño significativo a la SIC al restringir herramientas clave en la lucha contra irregularidades.
«Los funcionarios y contratistas afectados ejercerán su derecho a la defensa y confiamos en que, en segunda instancia, la Procuraduría revalúe y archive esta investigación. No obstante, la medida ha generado un daño significativo a la institución, pues limita facultades e instrumentos esenciales que históricamente se han empleado en beneficio de los consumidores, los ciudadanos y el interés general.»
Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio
