La Superintendencia de Notariado y Registro revocó seis procesos contractuales por un valor conjunto cercano a los $110.000 millones, tras detectar deficiencias en su estructuración y planeación. El superintendente Joaquín José Méndez Llach presentó el balance de estas actuaciones el 10 de noviembre de 2026, revelando que la revisión se enfocó en verificar si los procesos respondían a necesidades reales y contaban con los soportes suficientes antes de comprometer recursos públicos. Los contratos afectados, que abarcaban servicios de vigilancia, gestión de archivo, soporte de licencias y seguros, fueron firmados entre el 22 de junio y el 18 de agosto de 2026, y ahora deberán pasar por una nueva etapa de planeación antes de ser reiniciados.
La entidad identificó además irregularidades en la contratación de 351 contratos suscritos en ese mismo período, por un valor total de $8.000 millones. De estos, 72 presentaban baja ejecución y siete tenían ejecución nula, incluyendo el caso de una persona que ni siquiera reside en Colombia y que percibía honorarios superiores a los $12 millones mensuales. Frente a esta situación, la Superintendencia adelantó la terminación anticipada de los contratos con baja o nula ejecución y anunció que reforzará los mecanismos de seguimiento y verificación para evitar que se repitan estas fallas en planeación, eficiencia y control del gasto.
Reducción de costos y ahorros significativos
Uno de los hallazgos más destacados del balance fue la reducción de costos en dos procesos clave. El proceso de soporte de licencias pasó de una estimación inicial de $8.300 millones a $6.900 millones, lo que representó un ahorro de $1.400 millones. De manera similar, el proceso de suministro de tóneres se redujo de $4.000 millones a $620 millones, generando un ahorro de $3.380 millones. En conjunto, estas dos contrataciones significaron un ahorro total de $4.780 millones para el erario público.
Con corte al 30 de octubre de 2026, la Superintendencia reportó una reducción de 620 contratos de prestación de servicios, equivalentes a cerca de $23.000 millones. Esta medida se enmarca en una política de austeridad y control del gasto impulsada por la administración de Méndez Llach. Un dato que llamó la atención fue que 91 de los contratos revisados se suscribieron el 6 de agosto, un día antes de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, lo que sugiere posibles cambios administrativos y urgencia en la firma de acuerdos previos al cambio de gobierno. La entidad no detalló el estado específico de cada trámite revocado ni la fecha prevista para la reapertura de los seis procedimientos, aunque reiteró su compromiso con la transparencia y la correcta ejecución de los recursos públicos.
