La Superintendencia Nacional de Salud ordenó 30 medidas de cumplimiento inmediato al Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y a la Gobernación del Archipiélago, tras detectar fallas en la atención médica, la seguridad del paciente y la gestión administrativa durante recientes visitas de inspección. La decisión, adoptada por la entidad de vigilancia, busca corregir problemas que afectan la calidad, oportunidad y seguridad de la atención a los usuarios del sistema de salud en las islas.
Del total de medidas, 23 están dirigidas al hospital y 7 a la Gobernación, y con ellas se activó además un plan de seguimiento permanente para verificar el cumplimiento de las órdenes y continuar el análisis de la prestación de servicios en la región. Las fallas detectadas incluyen incumplimientos en la atención médica, la seguridad del paciente, los pagos a especialistas, la disponibilidad de medicamentos, la infraestructura y la gestión administrativa y financiera, según el reporte oficial.
Medidas para el Hospital Departamental
El hospital deberá, entre otras exigencias, vincular un director científico de tiempo completo, normalizar los pagos por servicios médicos especializados y fortalecer áreas críticas como urgencias, hospitalización, UCI, salud mental, unidad renal, cirugía, laboratorio clínico y banco de sangre. También tendrá que reducir los retrasos en los estudios diagnósticos, gestionar las listas de espera quirúrgicas, garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos, mejorar la dotación y corregir los retrasos en los pagos al personal.
Responsabilidades de la Gobernación
A la Secretaría Departamental de Salud, dependiente de la Gobernación, le corresponde verificar la disponibilidad de servicios, controlar el mantenimiento de la infraestructura y la dotación, garantizar condiciones adecuadas de atención y contar con personal idóneo. El ente territorial también deberá revisar los recursos asignados en 2023, evaluar los proyectos financiados y actualizar los planes de acción con recursos de 2024, 2025 y 2026, en el marco del plan de seguimiento impuesto por SuperSalud.
Contexto nacional crítico
La situación de San Andrés se enmarca en un panorama nacional preocupante. Un informe de Unips y Asocapitales sobre la salud en 31 capitales colombianas —que no incluye a San Andrés— reveló que todas presentan riesgo alto o crítico en sus sistemas de salud. El Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud arroja un promedio de 71 puntos sobre 100, con 15 capitales en banda crítica y 16 en banda alta. En acceso a servicios, 30 ciudades registraron riesgo alto o crítico y 27 reportaron un aumento significativo de barreras en el último año.
El mismo informe señala que de las 197 EPS en las capitales analizadas, 87 están sometidas a medidas especiales, y que 26 capitales calificaron la continuidad de la atención como riesgo alto o crítico. La interrupción de contratos entre EPS e IPS fue identificada como la amenaza principal: 14 ciudades calificaron la red pública y privada como deteriorada y 13 advirtieron riesgo de colapso. En materia financiera, 28 capitales reportaron problemas críticos o altos, asociados a cartera, incumplimientos de pago de EPS e insuficiencia financiera de las IPS.
Además, 23 ciudades reportaron dificultades críticas para el abastecimiento ambulatorio de medicamentos y 27 ubicaron la interrupción de tratamientos de alto costo entre los riesgos prioritarios. Las peticiones, quejas, reclamos y denuncias aumentaron más del 30% en 23 capitales, principalmente por desabastecimiento de medicamentos y suspensión de tratamientos costosos. En ese contexto, las medidas ordenadas para San Andrés buscan atender de manera urgente las fallas más sensibles para la población, mientras SuperSalud mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de cada una de las 30 órdenes impartidas.
