La Superintendencia Nacional de Salud retomará el próximo 24 de agosto la auditoría a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), después de que venciera la suspensión temporal de 30 días calendario ordenada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí mediante el Auto 2026590000001332-7 del 22 de junio de 2026. La intervención, que había sido frenada por una tutela interpuesta por Martha Patricia Correa Taborda, gerente general encargada de la FLA, busca esclarecer presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de recursos durante la administración del exgerente Esteban Ramos Maya.
El equipo auditor revisará un total de 77 categorías de documentos que abarcan desde cajas menores, gastos de representación y movimientos con tarjetas de crédito, hasta contratos de distribución, estrategias de mercadeo, políticas comerciales, estados financieros, inventarios, precios y costos de producción. El objetivo es verificar la administración, trazabilidad y destinación de los recursos del monopolio rentístico de licores, que financian el sector salud en Antioquia. La medida responde a una denuncia ciudadana que alertó sobre un presunto uso de fondos públicos para financiar fiestas privadas.
Los alcances de la suspensión
La tutela presentada por la gerente encargada alegaba una vulneración al debido proceso, argumentando que la Superintendencia exigió documentación ajena al objetivo de la auditoría, incluyendo información reservada y secretos industriales. No obstante, el juzgado determinó que el amparo solo sería transitorio y le otorgó a la FLA un plazo de 30 días para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa si deseaba discutir la legalidad de los requerimientos. Si la compañía no acredita haber iniciado esa acción legal antes del 24 de agosto, el amparo perderá efectos y la auditoría podrá continuar sin restricciones.
En paralelo, la Superintendencia Nacional de Salud puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación una presunta obstrucción a la auditoría y remitió elementos a la Procuraduría para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias o penales. Además, el juez ordenó a la entidad eliminar, rectificar o corregir una publicación en su cuenta de X en la que afirmaba que representantes de la FLA habían impedido el desarrollo de las actuaciones, al considerar que esa afirmación no contaba con respaldo suficiente. La FLA, por su parte, negó haber obstaculizado la inspección y aseguró que mantuvo comunicación constante con el equipo auditor, solicitó ampliaciones de plazo y adelantó gestiones para entregar la información requerida.
La auditoría hace parte del Plan Anual de Auditorías de 2026, en el cual la Fábrica de Licores de Antioquia obtuvo la mayor calificación de riesgo. Este antecedente, sumado a la denuncia ciudadana y las decisiones judiciales, mantiene en el centro del debate público la transparencia en el manejo de los recursos que por ley deben destinarse a la salud de los antioqueños.
