La Superintendencia Nacional de Salud reveló graves irregularidades en la Gobernación de Antioquia y su Secretaría de Salud, luego de una auditoría integral que detectó 23 hallazgos administrativos y una presunta malversación de recursos por 4.700 millones de pesos. El superintendente Daniel Quintero Calle presentó los resultados en una rueda de prensa reciente, donde detalló que los dineros correspondían al Sistema General de Participaciones, destinados a municipios de categoría cinco y seis para la gestión de salud pública.
De acuerdo con el informe, los recursos habrían sido desviados a cuentas bancarias de Empresas Sociales del Estado (ESE) sin mediar contrato y por fuera de los canales oficiales. La auditoría identificó además seis hallazgos disciplinarios que podrían ser investigados por la Procuraduría General de la Nación, cuatro hallazgos fiscales que pondrían bajo la lupa de la Contraloría General a cuatro funcionarios, y tres hallazgos de carácter penal por la presunta comisión de delitos.
Hallazgos que comprometen recursos públicos
El superintendente Quintero explicó que los 23 hallazgos administrativos ya están siendo investigados para la apertura de procesos sancionatorios por parte de la Superintendencia. Las cifras evidencian un posible desvío de recursos del Sistema General de Participaciones que debían fortalecer la salud en los municipios más vulnerables de Antioquia, y que terminaron en manos de las ESE sin el debido respaldo contractual.
«Según el equipo de auditoría, la Gobernación de Antioquia había malversado $4.700 millones del Sistema General de Participaciones que debían ir a municipios de categoría cinco y seis para tareas de gestión de salud pública. Estos recursos terminaron en cuentas bancarias de ESE, es decir, Empresas Sociales del Estado, sin contrato y por fuera de las cuentas oficiales»
Daniel Quintero Calle, Superintendente Nacional de Salud
La noticia se reporta como en desarrollo, mientras los organismos de control anuncian las investigaciones correspondientes. La Procuraduría y la Contraloría evaluarán los hallazgos disciplinarios y fiscales, mientras que la Fiscalía podría asumir los casos de carácter penal. La Superintendencia, por su parte, continuará con los procesos sancionatorios para determinar las responsabilidades administrativas de los implicados.
