El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, presentó los principales hallazgos de los agentes interventores en tres EPS intervenidas: Sanitas, Nueva EPS y S.O.S EPS.
En el caso de Sanitas, el interventor identificó que, al cierre de 2023, se realizaron gastos por $104.226 millones en la operación de centros médicos. Sin embargo, este tipo de inversiones debería ser responsabilidad de la institución prestadora de servicios de salud (IPS) y no de la EPS. “Esto es particularmente problemático cuando los centros médicos pertenecen al mismo conglomerado, lo que se conoce como integración vertical, ya que se estaban asumiendo gastos que correspondían a las IPS que ya recibían pagos por la atención de pacientes”, señaló Leal.
El informe del interventor también menciona la firma de múltiples contratos sin una finalidad específica ni beneficios claros para Sanitas.
Además, Leal destacó que no se detalla la distribución de la población afiliada en la red de servicios de salud de Sanitas, la oferta actual de servicios, la capacidad instalada de los prestadores ni las brechas en la oferta de servicios. “Falta el análisis de las condiciones sociales, económicas y de calidad de vida, la descripción de patologías de alto costo, los programas de intervención y la implementación de criterios para la priorización”, añadió.
La entidad de vigilancia y control considera que esta situación es grave, ya que puede afectar la capacidad de la EPS para responder adecuadamente a las necesidades de sus afiliados y mejorar la calidad y eficacia de la atención en salud.
También el interventor informó que Sanitas EPS firmó un contrato con una cláusula de exclusividad en favor de la contratista, lo que impide a la EPS suministrar, dispensar o abastecer medicamentos a sus afiliados directamente o mediante otros proveedores, salvo que la contratista lo permitiera de forma transitoria.
Sin embargo, el contrato también permite la subcontratación con otros operadores. “La operación del contrato, incluyendo la cesión del recaudo de copagos y cuotas moderadoras, limita la capacidad de Sanitas EPS para operar y gestionar la distribución de medicamentos e insumos médicos”, resaltó Leal Angarita.
Nueva EPS
Según la Supersalud, al momento de la toma de posesión de la EPS, se encontraron 12.645.762 registros de facturas en proceso de auditoría por un valor superior a $4,4 billones. Estas obligaciones no fueron incluidas en los estados financieros, que acumulan un valor de $5,7 billones, según lo determinado por la firma contralora. La entidad de vigilancia y control señala que la aparición de estos registros multiplica la deuda de la EPS.
El interventor indicó que la EPS realizaba pagos a los prestadores de servicios de salud, pero no verificaba si estos efectivamente prestaban los servicios. Especialmente, no se pedían reportes relacionados con la promoción y prevención en salud.
En una entrevista con El Tiempo, Leal Angarita generó polémica al afirmar: “En cuanto a Nueva EPS, vemos con preocupación que durante años se escondieron muchas facturas que no se reportaron al sistema de salud. El pasivo del que tenía conocimiento la Supersalud antes de la intervención era de $500.000 millones, una cifra mínima en comparación con el pasivo real de muchas facturas no presentadas”.
El Riesgo de EPS S.O. S
Según el informe de la Supersalud, una de las observaciones más significativas del agente interventor de la EPS S.O.S se relaciona con el riesgo de concentración del nivel primario en un solo prestador, Comfandi, que además tiene la condición de vinculado. Esto complica y complicará la evaluación de su eficiencia.
“Para los contratos PGP suscritos con la prestadora Comfandi, se determinó una baja ejecución durante el período de agosto de 2023 a marzo de 2024 del 82,35%, equivalente a $19.629 millones, además de bajos desempeños en los períodos anteriores de las vigencias contractuales, sin haberse realizado los recobros correspondientes”, indicó Leal.
En cuanto a los recursos a recobrar por servicios prestados por otras IPS y que estaban con cargo al contrato de PGP, la Supersalud aseguró que existen dificultades para hacerlo debido a inconsistencias en el contrato actual.
