La Superintendencia Nacional de Salud, liderada por el superintendente (e) Jaime Hernán Urrego Rodríguez, confirmó que acatará el fallo emitido por el Tribunal de Bolívar el 14 de abril de 2026, el cual suspende provisionalmente la intervención administrativa impuesta a la EPS Coosalud desde noviembre de 2024. Esta entidad, que opera en 25 departamentos del país y atiende a más de tres millones de afiliados con un presupuesto anual de 3,5 billones de pesos, verá preparada una transición ordenada de su administración, aunque aún no se ha definido un receptor legítimo para asumir el control.
En respuesta al fallo judicial, que obliga a una transición responsable para garantizar la atención médica continua, la Superintendencia citó una reunión con la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el gerente interventor y su equipo, además de coordinar con la Superintendencia Solidaria. Durante este encuentro se delineará un plan de trabajo para recopilar toda la información necesaria y asegurar una entrega completa y ordenada. Paralelamente, la entidad presentará recursos de aclaración y apelación, priorizando la seguridad del derecho fundamental a la salud de los afiliados.
Compromiso con la continuidad del servicio
El superintendente Urrego Rodríguez enfatizó la disposición total de la Superintendencia para cumplir con la decisión judicial, destacando que el 94 por ciento de las acciones de la EPS Coosalud pertenecen a la Cooperativa Coosalud, integrada por 4.000 asociados. La transición se acelerará una vez se identifique la figura legitimada para recibir la administración, sin perjuicio de los procesos en marcha.
«La superintendencia está en toda la disposición y obligación de acatar el fallo judicial. Para ello se citó una reunión (…) con el fin de realizar un plan de trabajo que permita preparar toda la información que se requiere para hacer una entrega ordenada, responsable y completa a quien corresponda».
Jaime Hernán Urrego Rodríguez, superintendente Nacional de Salud (e)
«Esto, sin perjuicio de continuar aceleradamente en la preparación del proceso que ya hemos señalado, de tal manera que lo que prime aquí es la seguridad y la garantía del derecho fundamental a la salud de todos los afiliados y afiliadas de Coosalud, para que en el transcurso del tiempo más rápido y cuando tengamos claro esta figura legitimada de a quién se entrega la EPS, esta superintendencia por supuesto que procederá en esa dirección».
Jaime Hernán Urrego Rodríguez, superintendente Nacional de Salud (e)
Requisitos para la devolución y desmentidos
La Superintendencia Solidaria, por su parte, desmintió rumores sobre trabas gubernamentales o la falta de un propietario único, aclarando que no existe un documento formal de la asamblea de accionistas ni un certificado de la Cámara de Comercio de Cartagena que designe a Jaime González como representante legal de la EPS Coosalud. La junta directiva de la entidad debe elegir un representante legal legítimo para recibir la administración, en medio de intentos de personas sin legitimidad que se han presentado para reclamarla. Este pronunciamiento busca proteger el presupuesto y la atención médica, asegurando una gestión transparente post-intervención.
Con este paso, se refuerza el compromiso de las autoridades para salvaguardar los servicios de salud de millones de colombianos, mientras se resuelven las apelaciones y se define el futuro administrativo de Coosalud en un contexto de estabilidad para sus usuarios en los 25 departamentos donde opera.
