La Superintendencia de Sociedades confirmó el pasado 10 de julio un acuerdo de reorganización para Almacenes Flamingo, una medida que permitirá a la histórica cadena de electrodomésticos y muebles evitar su liquidación. La decisión, anunciada por la superintendente encargada, Nini Johanna Castañeda, se sustenta en un respaldo superior al 90 por ciento de los acreedores, quienes aprobaron un plan que establece el pago de pasivos por 339.700 millones de pesos en un plazo de diez años, utilizando el flujo de caja del propio negocio. Como resultado directo de este acuerdo, se preservan 536 empleos directos y se mantiene la operación de 20 establecimientos comerciales en Antioquia y el Eje Cafetero, donde la compañía ofrece electrodomésticos, tecnología, muebles y textiles, además de su tradicional sistema de financiación directa a clientes.
La empresa, fundada en Medellín en 1949, enfrentaba una compleja situación financiera que se agravó durante 2024, cuando reportó activos por 316.478 millones de pesos, una cifra significativamente menor a los 487.183 millones registrados en 2023. Los ingresos también sufrieron una drástica reducción, pasando de 512.823 millones en 2023 a solo 111.886 millones el año siguiente, mientras que las pérdidas operacionales se dispararon de 15.849 millones a 61.851 millones en el mismo período. A esto se sumaban 46 procesos de embargo y 61 procesos ejecutivos iniciados entre 2024 y 2025, según los reportes conocidos por la Superintendencia. Al corte del 30 de noviembre de 2025, la compañía presentaba un balance con activos por 361.188 millones de pesos frente a pasivos de 339.726 millones, una estructura patrimonial que, aunque ajustada, fue considerada estabilizable por las autoridades.
El camino hacia el acuerdo extrajudicial
El proceso de salvamento comenzó formalmente en octubre de 2025, cuando Almacenes Flamingo solicitó acogerse a un Procedimiento de Recuperación Empresarial ante la Cámara de Comercio de Medellín, que designó al mediador Julián Andrés Palacio Olayo para conducir las negociaciones. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, la compañía fue admitida en la Superintendencia de Sociedades para la validación judicial de un acuerdo de reorganización extrajudicial, sustentado en un pacto previo de recuperación. El plan finalmente aprobado impone estrictas reglas de gobierno corporativo, restricciones a la distribución de dividendos y obligaciones periódicas de información, además de la creación de un Comité de Acreedores que supervisará el cumplimiento del esquema de pagos.
«La confirmación de este acuerdo demuestra que los mecanismos de reorganización empresarial funcionan cuando confluyen la disposición del deudor y de los acreedores para construir soluciones viables, junto con el rigor técnico, la eficacia y la oportunidad con la que actúa el juez del concurso»
Nini Johanna Castañeda, superintendente de Sociedades encargada
En cuanto a la prelación de pagos, el acuerdo mantiene el orden legal establecido: las obligaciones laborales, fiscales y parafiscales tendrán prioridad, seguidas por los acreedores garantizados, mientras que proveedores y acreedores quirografarios -aquellos sin garantía- recibirán pagos diferidos con tasas de interés reducidas. Los proveedores de cuarta clase, por su parte, obtendrán un pago inicial con recursos judiciales que ya fueron liberados y una amortización gradual que comenzará en 2028. Paralelamente, la Superintendencia de Industria y Comercio mantenía una investigación administrativa por posibles vulneraciones a los derechos de los consumidores en el sistema de ventas con financiación, un frente que la empresa también deberá resolver en el marco de su reestructuración.
«Este caso reafirma que la Superintendencia de Sociedades es una de las entidades más técnicas del Estado y evidencia la solidez de los mecanismos de insolvencia como instrumento para preservar empresas viables, proteger el crédito, conservar el empleo y fortalecer la confianza en el sistema de insolvencia colombiano»
Nini Johanna Castañeda, superintendente de Sociedades encargada
Con este fallo, la Superintendencia de Sociedades consolida su rol como juez del concurso y envía una señal de confianza a los mercados, al demostrar que incluso empresas con historial de dificultades financieras pueden encontrar una salida ordenada cuando convergen la voluntad del deudor, el apoyo mayoritario de los acreedores y la intervención técnica de la autoridad. Almacenes Flamingo, que durante décadas fue un referente del crédito directo para hogares populares en Antioquia y el Eje Cafetero, mantendrá así sus puertas abiertas, aunque bajo la estricta vigilancia del Comité de Acreedores y las nuevas reglas de gobierno corporativo impuestas por el acuerdo.
