La Superintendencia de Economía Solidaria, Supersolidaria, levantó la intervención administrativa sobre la cooperativa propietaria de Coosalud EPS y devolvió el control a sus antiguos administradores, tras una decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar que suspendió la medida. Esta resolución judicial, notificada días después de su emisión en el marco de una acción popular, se produce en un contexto donde la Superintendencia Nacional de Salud, Supersalud, mantiene intacto su control directo sobre la EPS. La intervención de Supersolidaria había iniciado en noviembre de 2024, y ahora se convoca a una Asamblea General de Accionistas para elegir una nueva junta directiva, con sede principal en Cartagena y oficinas en Bogotá.
La decisión judicial resalta presuntas irregularidades administrativas y financieras que provocaron un deterioro progresivo en la entidad, con más de 3,3 millones de afiliados afectados. Durante el período analizado, las quejas y reclamos, conocidos como PQRS, escalaron de 81.072 en 2024 a 107.252 en 2025, un incremento del 32 por ciento, mientras que las tutelas judiciales crecieron de 16.771 a 20.216, un 21 por ciento más. Las cuentas por cobrar se dispararon de 66,18 mil millones de pesos a 274,7 mil millones, acompañadas de simulaciones de compra de cartera por más de 55.000 millones, contratos con pagarés en blanco superiores a 37.000 millones y procesos ejecutivos que superan los 300.000 millones de pesos. Además, se identificó un patrimonio autónomo cercano a 9.600 millones y posibles indicios de desvío de recursos por encima de 200.000 millones de pesos.
Advertencias judiciales y dualidad de intervenciones
El fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar advierte sobre graves problemas financieros y de gestión en la cooperativa, y la Procuraduría General de la Nación ha alertado sobre un empeoramiento de la situación durante la intervención. Esta dualidad de controles —Supersolidaria sobre la cooperativa y Supersalud sobre la EPS— busca proteger la continuidad de los servicios y el derecho a la salud de los usuarios, priorizando la reconstrucción del gobierno corporativo. El agente interventor implementó medidas para vigilar el patrimonio, aunque la Procuraduría citó a exinterventores y solicitó información a la Contraloría y a la ADRES sobre recursos girados.
Denuncias penales y controversia política
En medio de la polémica, el abogado Julián Quintana presentó denuncias penales contra el exinterventor Jorge Orlando Suárez por prevaricato, usurpación de funciones y fraude a resolución judicial, acompañadas de quejas ante la Procuraduría. Por su parte, el presidente Gustavo Petro reiteró en su cuenta de X señalamientos contra un directivo al que calificó de corrupto, exigiendo investigaciones contra la junta directiva, lo que le valió una multa de 15 salarios mínimos por desacato el 14 de abril. Supersalud, bajo la dirección de María José Navarro, realizó visitas a la sede en Cartagena para evitar la retoma inmediata del control por la antigua administración.
Esta resolución representa un giro clave para Coosalud EPS, pero deja en evidencia la complejidad de su crisis operativa y financiera, con un llamado urgente a fortalecer la transparencia y la gestión para salvaguardar la atención médica de millones de colombianos, según reportes de Caracol Radio y La FM.
