La Comisión Nacional de Disciplina Judicial impuso una suspensión de cuatro meses al juez Ramiro Andrés Rivero, del Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga, por haber calificado a la Policía Nacional como una «fuerza terrorista» durante audiencias preliminares realizadas en junio de 2021. Esta sanción, confirmada recientemente tras un exhaustivo proceso disciplinario, se fundamenta en una infracción al deber de respeto, ya que las expresiones del juez resultaron incompatibles con la imparcialidad y el respeto debido a las instituciones del Estado, emitidas precisamente en el ejercicio de su función judicial en Bucaramanga, Colombia.
Las declaraciones ocurrieron en el marco de audiencias para la legalización de capturas realizadas durante las protestas nacionales de junio de 2021, convocadas inicialmente contra la reforma tributaria propuesta por el gobierno, y que incluyeron numerosas denuncias contra la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). En ese contexto de tensiones sociales, el juez Rivero cuestionó abiertamente la actuación policial, afectando la imagen de la administración de justicia y la confianza ciudadana en las instituciones.
Libertad de expresión versus deberes judiciales
La defensa del juez argumentó que sus palabras estaban amparadas por la libertad de expresión y respondían al convulso contexto social del país en ese momento, pero la Comisión Nacional de Disciplina Judicial determinó que Rivero actuó de manera consciente y desbordó su rol al formular valoraciones generales contra una institución del Estado, lo que limitó el margen de expresión libre para funcionarios judiciales en el desempeño de sus cargos. Esta decisión subraya los límites éticos que deben observar los jueces para preservar la neutralidad en sus funciones.
«la policía se ha convertido en una fuerza terrorista que ataca y atenta contra los ciudadanos»
Ramiro Andrés Rivero, juez Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga
«lo normal es que cualquier persona cuando vea un policía se asuste»
Ramiro Andrés Rivero, juez Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga
La sanción de cuatro meses representa un precedente en la regulación de las manifestaciones públicas de los jueces, priorizando la preservación de la confianza en el sistema judicial por encima de opiniones personales, en un episodio que resalta las tensiones entre el derecho a la protesta y el orden público durante las movilizaciones de 2021. La información se basa en reportes de El Espectador, Colprensa y el usuario @LaureanoTirado en X.
