El gobierno nacional, a través de una resolución firmada por el consejero comisionado de Paz José Otty Patiño Hormaza, suspendió las órdenes de captura y extradición contra cinco líderes del Clan del Golfo, conocido también como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), mediante la Resolución N.º. 274 del 24 de diciembre de 2025. Esta medida busca iniciar el traslado de estos mandos medios hacia Zonas de Ubicación Temporal en los departamentos de Chocó y Córdoba, como parte de los esfuerzos del presidente Gustavo Petro por avanzar en diálogos y acuerdos de paz con el grupo armado.
La decisión se tomó tras recibir un listado con los nombres e identificaciones de los cinco beneficiados, entregado por un representante del EGC al gobierno nacional. Esta suspensión temporal responde al marco de la Resolución 471 de 2025, que establece estas zonas especiales para facilitar el desplazamiento de los combatientes y abrir espacios de negociación, en un contexto de confianza legítima y buena fe entre las partes.
Zonas especiales para el proceso de paz
Las Zonas de Ubicación Temporal, reveladas inicialmente por el medio Análisis Urbano, representan un paso clave en el proceso de desmovilización y reincorporación. La Fiscalía General de la Nación deberá cumplir con la suspensión de las capturas, mientras que el Ministerio de Defensa garantizará la seguridad humana y jurídica durante el traslado de los líderes. Por su parte, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp/OEA) se encargará de ubicar y monitorear progresivamente a los combatientes en estas áreas.
«recibir y aceptar de buena fe, de conformidad con el principio de confianza legítima, el listado que contiene cinco (5) nombres e identificaciones de las siguientes personas, el cual fue entregado por un miembro representante del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia — (a) EGC»
Resolución N.º. 274 del 24 de diciembre de 2025
Esta acción del gobierno marca un avance en las conversaciones con el Clan del Golfo, uno de los grupos armados más poderosos del país, y podría sentar precedentes para futuras fases del proceso de paz total, aunque persisten desafíos en materia de seguridad y verificación en regiones como Chocó y Córdoba.
